Inicia conteo macabro de delitos sexuales y femicidios 2017 en Nicaragua.

 

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Organizaciones de mujeres han creado la plataforma: Voces, los datos hablan (voces.org.ni), un observatorio en línea en el que se pueden reportar casos de violencia, incluyendo femicidios.

Tres asesinatos de mujeres entre 20 y 40 años, siete femicidios frustrados y una violación en contra de un niño de cuatro años es el conteo macabro de delitos contra la mujer en el mes de enero de este año, según organizaciones sociales y reportes de prensa local.

La organización Católicas por el Derecho a Decidor (CDD) en su informe mensual sobre femicidios indica que de las tres mujeres asesinadas (una en Chinandega, otra en Matagalpa y la tercer víctima en Managua), dos fueron víctimas de su pareja y expareja respectivamente, mientras que otra fue ultimada por una persona conocida.

CDD también informa de siete homicidios frustrados en contra de mujeres de 18 y 40 años. Cuatro de los intentos de asesinatos fueron perpetrados con arma blanca y tres por medio de golpizas.

La periodista Suyen Sánchez, de la ciudad de Bluefields dio a conocer en redes sociales que un niño de cuatro años fue violado por su tío de 43 años. El supuesto agresor ha sido detenido por la Policía y se encuentra enfrentando un proceso judicial.

La periodista también informó que durante el 2016 (en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur) se registraron 13 casos de violación en contra de mujeres, 5 tentativas de violación, 24 violaciones en perjuicio de niños y niñas, 19 violaciones agravadas y 22 abusos sexuales.

La periodista de Canal 12, “>Daliana Ocaña, en su sitio de redes sociales informó que (en Nicaragua) las “estadísticas de medicina legal dicen que el 89 por ciento de los casos de abuso sexual son en contra de niñas entre los 13 y los 17 años.

Demandan cumplir Ley 779

La violencia contra la mujer (que incluye los femicidios: asesinatos por su condición de mujer) es uno de los temas de mayor preocupación en la sociedad nicaragüense, por lo que organizaciones de mujeres y de derechos humanos han demandado en reiteradas ocasiones el cumplimiento efectivo de la Ley 779: Ley integral contra la violencia hacia las mujeres…, misma que fue reformada con una enmienda que permite la mediación entre el agresor y su víctima.

Reyna Rodríguez, de la Red de Mujeres Contra la Violencia cuestiona el modelo de mediación que la justicia implementa en caso de la violencia contra mujer, porque es exponer una vida y darle oportunidad al victimario de que cumpla su cometido o amenazas de muerte.

Con relación a los abusos sexuales y violaciones en contra de menores de edad, los expertos afirman lo importante que es creerle a la víctima. “Una regla universal para evitar el abuso sexual en niños, niñas y adolescentes es creerles y no poner en tela de duda lo que dicen”, manifestó en una ocasión, el sicólogo clínico Mario Leiva Loredo a un medio local.

Crímenes de odio por razones de identidad de género a la vista

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Tiffany Rayo, activista LGBTI, víctima de violencia (izq.), Hanssel Sinclair (centro) y su víctima Mishell Morgan de Corn Island. Fotos tomadas de FB Mesa Nacional LGBTI.

Asesinatos con saña, golpizas y agresiones verbales sistemáticas acechan constantemente a las personas que han asumido públicamente ser lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, transexuales o interesex (LGBTI); un fenómeno conocido como Crimen de Odio, que se oculta entre los vaivenes de la cultura de violencia que vive el país y no reconocido por la justicia nicaragüense.

Dos hechos como los descritos con anterioridad han ocurrido recientemente. Uno de estos, el de la joven transgénero Tiffany Rayo de Chinandega, que recibió tres puñaladas y cuyas lesiones obligaron a los médicos a mantenerla en cuidados intensivos. El agresor, un hombre que la acosaba constantemente con insultos verbales, según indican miembros de la Mesa Nacional LGBTI.

Rayo salió de cuidados intensivos y está en proceso de recuperación. Su caso ya ha sido reportado a las autoridades correspondiente por familiares de la víctima y es acompañada por las organizaciones: Asociación Diversidad Sexual Nicaragüense (ADISNIC) y la Asociación de Transgéneros de Chinandega (ASOTRACHI), de esta última Tiffany es Vice Coordinadora.

En septiembre del año pasado, en Corn Island, Región Autónoma del Atlántico Sur (RACS), el Movimiento de la Diversidad Sexual MDS – RAAS Alexis Montiel Alfaro, reportó que la joven Mishell Morgan Hebbert de 26 años, fue víctima del delito de lesiones graves, provocadas por Hansell Sinclair.

Los hechos se dieron en un restaurante cuando la afectada reclamó a Sinclair sobre comentarios que éste había esparcido sobre intimidades entre el sujeto, su víctima y una tía. El hombre sin mediar palabras tomó una botella de cerveza y la atacó con furia. Las lesiones dejaron cicatrices en rostro el de Morgan Hebbert y ha sido intervenida quirúrgicamente en varias ocasiones.

Muertes por odio solapadas
Por su parte, Red de Desarrollo Sostenible, tras un monitoreo de medios y entrevistas a la comunidad, ha identificados actos de crímenes de odio reportados como delitos comunes. Por ejemplo, a mediados de diciembre, en un municipio del departamento de Managua, un joven reconocido por su orientación sexual, fue asesinado de forma violenta con un balazo en la cabeza y dos puñaladas en la espalda, según indican medios de comunicación, pero versiones no oficiales, alertan que la víctima fue pateada con saña, incluso después de la muerte.

Según José Ignacio López, de Red de Desarrollo Sostenible, en casos como estos se ocultan las motivaciones como el odio que expresan las personas hacia personas LGBTI. “Se da por desconocimiento de la familia, por respeto a la memoria de las víctimas (que no se desea hablar de su vida íntima) y porque el sistema de justicia no establece esa categoría delictiva y por lo tanto no se investigan las causas de raíz de estos crímenes, pero la saña con que se desarrolla el hecho da a pensar que es un crimen de odio”, afirmó.

Como detectar los crímenes de odio
Los crímenes de odio se dan cuando una persona ataca a otra motivada exclusivamente por su pertenencia a un determinado grupo social como la edad, el sexo, la identidad de género, religión, etnia o nacionalidad, entre otros.

Muchas veces, los delitos se expresan en acoso (ofensas verbales constantes, vigilancia y seguimiento) y agresiones físicas sistemáticas. Estos delitos llegan a su máxima expresión con el asesinato con violencia (tortura, saña y denigración). En los casos de los crímenes de odio contra personas LGBTI, esta se hace más manifiesta cuando la víctima es más visible a nivel público por su orientación sexual.

Para prevenir y detectar delitos de esta Naturaleza, la Mesa Nacional LGBTI impulsa acciones de información y sensibilización con autoridades locales y población en general.

Conflictos y muertes por tierras que no se pueden vender

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La tala de los bosques para la agricultura y la ganadería son otros impacto de la llegada de los colonos a los territorios indígenas de la Región Autónoma Atlántico Norte, que en muchos casos son parte de la Reserva de Biósfera de Bosawas. Foto tomada de Días – Lagos

La sangre corrió nuevamente en el caribe norte producto de los conflictos de tierras. Según medios nacionales, grupos de indígenas mísquitos armados han tomado el control de un área en el municipio de Prinzapolka para detener la oleada de colonos que invaden esas tierras. Los hechos ya cobraron dos víctimas mortales a menos de 15 días de iniciado el 2017.

En Nicaragua existen unos 25 pueblos indígenas ubicados en todo el país y todos tienen conflictos relacionados a sus propiedades. Comunidades como Salinas de Nahualapa y Urbaite – Las Pilas en el departamento de Rivas, Muymuy en Matagalpa y comunidades de Jinotega han hecho públicas sus denuncias por la venta ilegal de sus territorios o usurpación de los mismos.

No obstante, los casos más notorios se dan con los pueblos mísquitos y mayagnas ubicados en la Región Autónoma del Caribe Nicaragüense (RACN), en las áreas de la Reserva de Biósfera de Bosawas, dado los altos niveles de violencia que se registran vinculados a la invasión de propiedades.

Lo comunal no es comercial
La compra y venta de tierras indígenas son actos ilegales desde todo punto de vista. Primero porque, viola la Ley 445,  Ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, que dice de forma expresa que: “Las tierras comunales no se pueden gravar y son inembargables, inalienables e imprescriptibles”.

Por su parte el artículo 36 de la Ley 28: Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, expresa que “las tierras comunales son inalienables, no pueden ser vendidas…”. Con lo anterior se deduce que las tierras indígenas, no solo es prohibido venderlas, sino también donarlas o expropiarlas.

El Convenio 169 de OIT
Tras los últimos acontecimientos, en la RACN, autoridades municipales de Prinzapolka han demandado la intervención del Estado para atender el conflicto. Ante ello es importante destacar que Nicaragua es firmante del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), documento de referencia internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

El convenio destaca que “Deberá reconocerse a los pueblos interesados el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”… y se deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos.

Territorio para las futuras generaciones.
A nivel internacional hay un movimiento para proteger los territorios indígenas para las futuras generaciones, primero porque les pertenece como pueblo, y que en muchos casos son parte del patrimonio universal de la humanidad. Hay pueblos y comunidades que poseen su propia lengua, su cosmovisión y valores culturales. Cuentan con su propia construcción histórica, filosofía y política administrativa y ello forma parte de la herencia cultural de los pueblos.

Ley 445; Ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las regiones autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz