Indígenas de Nicaragua celebran su día en medio de la incertidumbre.

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Grupo danzante en ceremonia al Sagrado Corazón del Cielo y la Madre Tierra.

La invasión a sus territorios, poca o nula inserción en proyectos con enfoque de desarrollo y crecimiento económico y una legislación que se ha quedado corta ante las circunstancias son las realidades que enfrentan los pueblos indígenas de Nicaragua, que este 9 de agosto celebran su día internacional en medio de la incertidumbre.

Chorotegas, matagalpas, sutiabas y nahoas en el Pacifico, Centro y Norte, misquitos y mayagnas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), dan fe de la multietnicidad de Nicaragua, que aún se mantiene entre los tres países más pobres de la región latinoamericana, según el Banco Mundial.

De acuerdo citas de El Nuevo Diario, “existen 388 mil indígenas en el Pacífico, Centro y Norte del país, de los cuales 221 mil son chorotegas, 49 sutiabas, 20 mil nahoas y 98 mil matagalpas. Sumado a las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, dan un total de 597 mil no mestizos que representan un poco más del 10 por ciento de la población nacional” concentrados en más de 22 pueblos en el país.

Invasión y muertes en territorios indígenas
Con todo y que Nicaragua se ha declarado de naturaleza multiétnica y reconoce a los pueblos originarios (indígenas) en su Constitución Polìtica, y que se ha promulgado la Ley No. 445, Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas (del caribe)…, los territorios de los pueblos indígenas de la Costa Caribe son invadidos y su población asediada por colonos o envuelta en situaciones de sublevación por la defensa de las mismas.

A inicios del 2017, según La Prensa, citando otras fuentes, el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) registra más de 50 muertes ocurridas en los territorios indígenas vinculadas a los conflictos territoriales, sin que haya habido alguna investigación por parte de las autoridades.

Así mismo, medios nacionales dan cuenta de muertes de colonos, como se les llama a los invasores de tierras que por lo general son mestizos.

En el caso de los Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua, el Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN) han denunciado la cesión de tierras comunales del Pueblo Indígena Muymuy a retirados del ejército.

El líder indígena Ramón Torres del pueblo Muymuy, denunció ante medios de comunicación en el 2016, la existencia de “una mafia de empleados públicos” que “legalizan” las tierras y luego las venden y se reparten el dinero. Unas 1,500 manzanas de tierras ancestrales que los indígenas ocupan desde hace 500 años han sido sujeto de tráfico de propiedad. Y de acuerdo al MIN hay casi una decena de muertes (asesinatos) relacionadas a este conflicto.

No en vano, el Banco Mundial en base en los resultados del estudio Doing Business publicado recientemente, la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ha limitado en parte la posibilidad de que el sector agrícola atraiga inversión. En ello incluyen reclamaciones de pueblos indígenas sobre territorios ancestrales.

Indígenas fuera de proyectos de desarrollo
Los pueblos indígenas cuentan con un territorio vasto para la inversión en proyectos de desarrollo. Por citar un ejemplo, el territorio de Salinas de Nahualapa en Tola, colinda con una de las playas consideradas entre de las mejores del mundo para actividades de recreación. De hecho en el 2015 fue escenario de un evento de talla mundial del surf. Así mismo, la comunidad Urbaite – Las Pilas, tiene en su territorio el rio Istián y La Peña Inculta La Cabuya. En ambos casos, operadores turísticos ofrecen estos destinos, sin reconocer beneficios alguno a sus propietarios.

En el 2012, el afamado proyecto “Desarrollo del Turismo en el Sur Occidente de Nicaragua” implementado por la Fundación Centro Empresarial Pellas no incluyó a los pueblos indígenas como beneficiarios, pese a su potencial y la oportunidad de desarrollo que significa el turismo para este sector de la población.

Legislación rebasada
Pese a que en Nicaragua existe un marco legal sobre los derechos de los pueblos indígenas, este ha sido rebasado por los conflictos territoriales y la falta de armonía para el desarrollo de políticas que propicien el desarrollo sostenible de los pueblos.

Uno de los logros sustantivos de los últimos años es la aprobación de la Ley de medicina tradicional ancestral que reconoce el derecho a practicar y promover las expresiones de la medicina tradicional ancestral de los pueblos indígenas y afro-descendientes del país.

No obstante, Ley No 28, “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua”, que fue reformada para ser aplicada a los tiempos actuales, se mantiene con la intensión de reconocer las estructuras de gobierno, pero carece de medidas especiales en el caso del tráfico de tierras y los delitos que esto conlleva.

Desde el 2010, Wolfgang Alejandro Bonilla, experto en derechos indígenas advertía en un informe preparado para la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) que las municipalidades del Triángulo Minero (Siuna, Bonanza y Rosita) tenían que dejar de impulsar las penetraciones de colonos ilegales en las áreas protegidas y los territorios (indígenas) y no continuar certificando comunidades mestizas ilegales dentro de territorios indígenas, propiedades estatales y áreas protegidas.

Aunque esta situación ha cambiado desde el plano institucional, la respuesta para enfrentar la invasión de tierras no es clara. Las invasiones no cesan.

En el caso del Pacifico, Centro y Norte la situación se torna aún más frágil, a pesar que existen leyes que datan desde el siglo pasado que indican la ilegalidad de vender propiedades indígenas, muchos funcionarios públicos al parecer desconocen de las mismas y participan de las transacciones según denunciantes indígenas.

Una propuesta sencilla
Para los pueblos organizados en espacios como el MIN, la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, urge un diálogo entre las instancias públicas y los pueblos indígenas en el que se dimensionen los problemas y sus efectos en el desarrollo de los población indígena y del país; y se identifiquen las oportunidades para la nación si hay un pleno respeto a los derechos ancestrales.

Según Aminadad Rodríguez del MIN, se prepara un Informe sobre la seguridad jurídica de la propiedad indígena, que será un instrumento para promover y abrir esos espacios de interlocución con las instancias de Estado.

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Acerca de RDS

La Asociación Red de Desarrollo Sostenible (RDS) es una entidad sin fines de lucro para la promoción del Desarrollo Humano Sostenible, que ve en la comunicación y las TIC herramientas de apoyo importantes para la promoción del Desarrollo Humano Sostenible. En tal sentido basa su trabajo en los Derechos Humanos y la búsqueda del desarrollo integral de las personas a partir de su protagonismo.
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