Comunidad LGBTI saluda fallo sobre tutela de menores de edad a favor de una lesbiana

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Foto tomada de pagina del Poder Judicial

La decisión de una Jueza de Managua que resolvió mantener la tutela en favor de la madre, cuya pareja es de su mismo sexo, no ha pasado desapercibido por organizaciones de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersex (LGBTI) agrupadas en la Mesa Nacional LGBTI Nicaragua quienes saludaron la decisión a través de su página en Facebook.

“Desde la Mesa Nacional LGBTI Nicaragua, saludamos el fallo de la Jueza Tercero Local, Marlene Zamora Zepeda, quien resolvió mantener el cuido y la crianza de dos menores a favor de la Madre, cuya pareja es de su mismo sexo”, se lee en un post de la red social.

La nota manifiesta que con esta resolución el poder judicial en Nicaragua avanza “un pasito”, al resolver un caso de tutela obviando la orientación sexual de las personas en la querella y al apegarse a las leyes vigentes.

Según la Mesa Nacional LGBTI, por muchos años la tutela dependía más de los prejuicios y fundamentalismos religiosos que del propio Estado de Derecho que gozamos como ciudadanas y ciudadanos. Pues las y los judiciales debían garantizar “la moral y las buenas costumbres”.

No obstante, desde la instancia que agrupa a más de 15 agrupaciones y organizaciones LGBTI, se lamentan los comentarios de abogadas y abogados, que expresan su rechazo a la decisión de la judicial, que tildan el fallo de inconstitucional y que violenta el código de Familia vigente, el cual es considerado por la comunidad LGBTI de “totalmente excluyente”.

La Mesa Nacional también envió felicitaciones a la familia y se muestra optimismo por  comentarios positivos de profesionales en las redes sociales. …“es admirable leer que hay profesionales del derecho, que en algún momento les tocara impartir justicia, apoyado esta resolución basándose en la constitución y las leyes ordinarias del Estado Nicaragüense, que entre otras cosas mandata garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, dice la nota.

Nota relacionada: Jueza falla a favor de madre que tiene pareja de su mismo sexo

 

Antesala atroz, previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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Foto: Azucena Acevedo.

El panorama sombrío de la violencia contra la mujer en Nicaragua llega a ribetes de epidemia social si se consideran los últimos acontecimientos que involucran el asesinato de una joven embarazada a manos de su pareja en el municipio de Siuna, el incremento de denuncias de acoso sexual en las calles y autobuses, y como corolario las denuncias de una joven asesinada y violada presuntamente por soldados de ejército de Nicaragua durante un operativo de la entidad castrense.

Lo anterior ocurrió a días del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que deja al desnudo una vez más la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad nicaragüense y la falta de políticas integrales para tratar el tema.

De acuerdo a fuentes periodísticas, en lo que va del año ya suman 48 femicidios, mientras se reportan otros 58 casos en grado de frustración.

Violencia institucional
En los últimos meses, las redes sociales dan cuenta de una serie de actuaciones de entidades públicas que comenten violencia institucional contra la mujer. Por citar un ejemplo, el caso de Halida Ríos Briton de Corn Island,  que con orden de libertad en mano fue retenida por la Policía Nacional en Bluefields por más de nueve días, pese a estar embarazada y con amenazas de aborto, según reportó la periodista Suyén Sánchez de esa localidad.

Pero lo que ha encendido las redes sociales, son las denuncias de violación y asesinato cometidos, supuestamente por efectivos del Ejército de Nicaragua el pasado domingo 12 de noviembre en el municipio de La Cruz de Río Grande en contra de una adolescente de 16 años. La víctima falleció, según informe oficial durante un operativo en la que perecieron otras cinco personas, incluyendo un niño de 12 años.

Aumento de violencia por razones de identidad de género
Por su parte, la Mesa Nacional LGBTI (de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales, e Intersex), indica que hay un crecimiento en actos de violencia en contra de mujeres lesbianas y transgéneros. Solo en el año se han registrado más de 20 casos en los que las víctimas son atacadas por razones de su identidad de genero.

Uno de los casos se dio el pasado 29 de septiembre, cuando Yokzi Herrera Mendoza, mujer lesbiana de 23 años, de la ciudad de Bluefields fue agredida y por la gravedad de sus heridas debió ser traslada al hospital de esa ciudad. El agresor identificado como Dennis Alemán incluso días después delo ocurrido llegó a casa de su víctima y dijo a la mamá que “está vez no sería la nariz sino la cabeza que le iba a cortar”.

El hecho indignó a la comunidad LGBTI que lamentó el papel apático del sistema judicial en atender el caso.

Urgen políticas integrales
Organizaciones de mujeres y de derechos humanos del país han coincidido en la necesidad de que el Estado de Nicaragua brinde atención a la problemática de la violencia con políticas públicas integrales, pues el fenómeno más allá de un asunto legal, está vinculado a una cultura basada en el ejercicio del poder y control de los hombres sobre las mujeres. No obstante, el fortalecimiento del marco legal vigente y una actitud oficiosa de las instituciones públicas encargadas daría los primeros pasos hacia una atención efectiva.

Entre las propuestas reiteradas de organizaciones sociales están: la aplicación de la Ley 779; “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres” con la eliminación del articulado que establece la mediación entre las partes para superar los conflictos, pues ésta no ha tenido frutos positivos a la fecha y se ha considerado la antesala al asesinato de las mujeres.

Otro elemento clave es la reincorporación de las Comisarias de la Mujer que después de más de una década ya habían desarrollado una metodología acertada para atender los casos de violencia contra las mujeres desde las instancias policiales. Dada la complejidad del fenómeno de la violencia se requiere de personal calificado. En la actualidad un oficial que recibe la denuncia de un robo con fuerza, también atiende las denuncias de violaciones, acoso, maltrato y violencia contra la mujer.

De igual forma hace falta políticas que regulen el lenguaje misógino y de burla de mujeres maltratadas y violadas y el “moralismo mal intencionado” en los medios de comunicación, o la re-victimización por la exposición inadecuada de las noticias sobre violencia.

También urge mayor compromiso de los medios de comunicación social tanto privados como público (en un contexto de Responsabilidad Social) para el desarrollo de campañas de prevención de la violencia en apego a los derechos humanos.