Día Internacional de los Pueblos Indígenas; más que una celebración

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Jóvenes de pueblos indigenas del sur de Nicaragua en taller de comunicacion para la promociòn de sus derechos humanos y ancestrales.

Por Yara Michelle Álvarez Díaz*

Este nueve de agosto se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, efeméride que evoca las raíces de muchos pueblos y culturas en Latinoamérica. Pero más allá de una celebración que recuerda la historia, ésta se revalora para apropiarse de los nuevos retos que tienen pueblos y naciones que aún reclaman derechos ancestrales, incluyendo los de origen africano.

Pero cómo se reconocen estos pueblos en la actualidad. Bueno, los pueblos indígenas o afrodescendientes son grupos de personas que conservan las tradiciones, costumbres y lenguas, o vestigios culturales de sus antepasados de la época precolombina con el fin de preservar su identidad.

A lo largo del tiempo estos pueblos han protagonizado una lucha por la preservación de su cultura, el respeto a sus tierras y en general a sus derechos humanos; pues son sujeto de discriminación, invisibilidad y estigmatización. Es muy común escuchar frases en la que se compara a lo indio con lo malo o inferior.

Con la finalidad de reconocerles, la Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 23 de diciembre de 1994 que el 9 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Esto con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional para la solución de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas en ámbitos como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud.

Ello implica que los estados deben cumplir su compromiso con cada etnia indígena que se encuentre en su país. Como hacer acciones para la preservación de su riqueza cultural, legado de costumbre, religión, vestimenta, respeto a la libertad. También otorgar el derecho a la educación en su propia lengua para los pueblos que la conservan.

Según la Organización de las Naciones Unidas en el mundo hay más de 5000 grupos distintos de indígenas en 90 países, lo que equivale a 370 millones de personas; América Latina cuenta con 522 (pueblos).

En el caso de Nicaragua son más de 10 etnias. En la Región pacifico se encuentran los náhuatl, chorotegas, sutiavas, en el caribe están los creoles, garífunas, misquito, rama, mayagnas, zambos y en el centro sur y norte están los chorotegas y matagalpas.

A pesar del reconocimiento nacional e internacional, en la actualidad se siguen viendo violaciones de derechos humanos de estos pueblos. En Nicaragua, sus tierras son invadidas por colonos, y por más que lo grupos indígenas opten por medidas legales para evitar su usurpación, estas no parecen ser efectivas a pesar de los convenios suscritos por el Estado.

Para conocer más sobre esto es recomendable más uso de la historia en las escuelas primarias y secundarias, debido a que no se tiene conocimiento de ello. Es importante sensibilizar a la población sobre por qué hay día a nivel internacional dedicado a los pueblos indígenas y más que una celebración, se tenga en cuenta que aquí en su país se les reconoce sus derechos.

*Yara Michelle Álvarez Díaz es estudiante de antropología de la Universidad Autónoma de Nicaragua en Managua.

Comunidad LGBTI en Nicaragua en marcha por orgullo Azul y Blanco

“Marcha por la justicia y la democracia en Nicaragua”, fue el lema que unió a cientos de personas de la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersex (LGBTI) que celebraron este 28 de junio su ya acostumbrado y colorido Día del Orgullo, que esta vez se vistiò de Azul y Blanco.

La marcha también fue acompañada por participantes de grupos auto-convocados que en màs de dos meses de protestas demandan  la democratización del país, lo que ha significado una de las màs cruentas crisis social y política que ya cobra más de 280 vidas, según informes de organizaciones de derechos humanos.

A diferencia de otros años, la acostumbrada parafernalia multicolor de la comunidad LGBTI fue menos vistosa, en contraposición a los colores Azul y Blanco de la bandera nacional, que se ondearon en solidaridad con las víctimas de las protestas y reivindicar las demandas.

Un sector importante del liderazgo de esta comunidad optó por tomar partido para sus derechos humanos a la par del conjunto de derechos que demanda la sociedad nicaragüense vinculados a la democratización del país y justicia para las vìctimas.

La participación de la comunidad LGBTI en el actual proceso político fue reconocida por varios sectores como por ejemolo el Movimiento Autónomo de la Universidad Nacional Autónoma de Managua. En una postal este lo describe como un pilar fundamental de la lucha fuera y dentro de las universidades. “El respeto y la inclusión de todxs (textual) será la única vía para llegar a la democratización y a una Nicaragua libre. La Revolución será para todxs (textual) o no será”, reza la publicación en redes sociales.

Por su parte, un representante de la oficina LGBTI de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), José Ignacio López, recordó que la historia de Nicaragua está llena de datos ocultos de la participación de esta comunidad en los destinos de Nicaragua.

Sobre ello, existe una leyenda urbana que refiere que el héroe nacional Rigoberto López Pérez, autor del ajusticiamiento de Anastasio Somoza García era gay. La historia oficial aún no declara nada al respecto.

En sólo 24 horas anulan a Facilitadores Judiciales LGBTI

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Para la posteridad: la foto del acto oficial de juramentación de Facilitadores Judiclaes LGBTI que fue revocado por la Corte Suprema de Justicia.

La anulación como Facilitadores Judiciales a un grupo LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersex) por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en tan sólo 24 horas después de haber concluido su capacitación, cayó como balde de agua fría en dicha comunidad que miraba una oportunidad de acceso a la justicia, negada en muchas circunstancias por razones de su identidad y orientación sexual.

En una escueta nota publicada en su sitio web con fecha del 14 de diciembre, la CSJ, “hace del conocimiento público que queda revocada la juramentación y se deja sin efecto legal alguno el trámite de acreditación como Facilitadores Judiciales de los 24 miembros de la comunidad de la Diversidad Sexual, realizada el día miércoles 13 del corriente mes”.

La respuesta de la comunidad LGBTI no se hizo esperar. En una carta abierta dirigida a la CSJ explica que esta situación es de gran preocupación porque atenta contra la credibilidad de este Poder del Estado. “…de ser firme, es un acto violatorio a nuestros derechos humanos como es el acceso a la justicia y al principio de igualdad establecido en el artículo 27, 50 y 52 de la Constitución Política de Nicaragua”, dice la misiva.

En la misma también se expresa el compromiso de los miembros de la comunidad con el proceso de formación, muchos de los cuales son de lugares lejanos y pusieron los gastos de su bolsa para asistir a esta actividad.

Según el coordinador de la Mesa Nacional LGBTI, Juan Carlos Martínez, se espera una explicación lógica y convincente de parte de la Corte Suprema de Justicia. “La comunidad LGBTI en la historia ha enfrentado exclusión social y legal, ahora que se daba una muestra de inclusión, un avance en el reconocimiento como sujetas y sujetos de derechos, de un día para otro se retrocedió”, manifestó.

Doble efecto negativo.
Datos de la Mesa Nacional LGBTI indican que hay un crecimiento en actos de violencia en contra de mujeres lesbianas y transgéneros. Solo en el año se han registrado más de 20 casos en los que las víctimas son atacadas con saña por razones de su identidad de género.

Para Martínez, el paso atrás dado por la CSJ tiene un efecto doblemente negativo para la comunidad LGBTI. “No solo volvimos al punto antes de la juramentación, sino que además, al ser de nuevo excluidos y excluidas, se nos estaría exponiendo ante la sociedad en una situación indignante y denigrante por un poder del Estado tan importante, que su función principal es garantizar el acceso a la justicia del Estado de Derecho en sí”, reafirmó.

Lea: Carta-publica-a-corte-suprema-justicia

Comunidad LGBTI saluda fallo sobre tutela de menores de edad a favor de una lesbiana

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Foto tomada de pagina del Poder Judicial

La decisión de una Jueza de Managua que resolvió mantener la tutela en favor de la madre, cuya pareja es de su mismo sexo, no ha pasado desapercibido por organizaciones de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersex (LGBTI) agrupadas en la Mesa Nacional LGBTI Nicaragua quienes saludaron la decisión a través de su página en Facebook.

“Desde la Mesa Nacional LGBTI Nicaragua, saludamos el fallo de la Jueza Tercero Local, Marlene Zamora Zepeda, quien resolvió mantener el cuido y la crianza de dos menores a favor de la Madre, cuya pareja es de su mismo sexo”, se lee en un post de la red social.

La nota manifiesta que con esta resolución el poder judicial en Nicaragua avanza “un pasito”, al resolver un caso de tutela obviando la orientación sexual de las personas en la querella y al apegarse a las leyes vigentes.

Según la Mesa Nacional LGBTI, por muchos años la tutela dependía más de los prejuicios y fundamentalismos religiosos que del propio Estado de Derecho que gozamos como ciudadanas y ciudadanos. Pues las y los judiciales debían garantizar “la moral y las buenas costumbres”.

No obstante, desde la instancia que agrupa a más de 15 agrupaciones y organizaciones LGBTI, se lamentan los comentarios de abogadas y abogados, que expresan su rechazo a la decisión de la judicial, que tildan el fallo de inconstitucional y que violenta el código de Familia vigente, el cual es considerado por la comunidad LGBTI de “totalmente excluyente”.

La Mesa Nacional también envió felicitaciones a la familia y se muestra optimismo por  comentarios positivos de profesionales en las redes sociales. …“es admirable leer que hay profesionales del derecho, que en algún momento les tocara impartir justicia, apoyado esta resolución basándose en la constitución y las leyes ordinarias del Estado Nicaragüense, que entre otras cosas mandata garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, dice la nota.

Nota relacionada: Jueza falla a favor de madre que tiene pareja de su mismo sexo

 

Antesala atroz, previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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Foto: Azucena Acevedo.

El panorama sombrío de la violencia contra la mujer en Nicaragua llega a ribetes de epidemia social si se consideran los últimos acontecimientos que involucran el asesinato de una joven embarazada a manos de su pareja en el municipio de Siuna, el incremento de denuncias de acoso sexual en las calles y autobuses, y como corolario las denuncias de una joven asesinada y violada presuntamente por soldados de ejército de Nicaragua durante un operativo de la entidad castrense.

Lo anterior ocurrió a días del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que deja al desnudo una vez más la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad nicaragüense y la falta de políticas integrales para tratar el tema.

De acuerdo a fuentes periodísticas, en lo que va del año ya suman 48 femicidios, mientras se reportan otros 58 casos en grado de frustración.

Violencia institucional
En los últimos meses, las redes sociales dan cuenta de una serie de actuaciones de entidades públicas que comenten violencia institucional contra la mujer. Por citar un ejemplo, el caso de Halida Ríos Briton de Corn Island,  que con orden de libertad en mano fue retenida por la Policía Nacional en Bluefields por más de nueve días, pese a estar embarazada y con amenazas de aborto, según reportó la periodista Suyén Sánchez de esa localidad.

Pero lo que ha encendido las redes sociales, son las denuncias de violación y asesinato cometidos, supuestamente por efectivos del Ejército de Nicaragua el pasado domingo 12 de noviembre en el municipio de La Cruz de Río Grande en contra de una adolescente de 16 años. La víctima falleció, según informe oficial durante un operativo en la que perecieron otras cinco personas, incluyendo un niño de 12 años.

Aumento de violencia por razones de identidad de género
Por su parte, la Mesa Nacional LGBTI (de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales, e Intersex), indica que hay un crecimiento en actos de violencia en contra de mujeres lesbianas y transgéneros. Solo en el año se han registrado más de 20 casos en los que las víctimas son atacadas por razones de su identidad de genero.

Uno de los casos se dio el pasado 29 de septiembre, cuando Yokzi Herrera Mendoza, mujer lesbiana de 23 años, de la ciudad de Bluefields fue agredida y por la gravedad de sus heridas debió ser traslada al hospital de esa ciudad. El agresor identificado como Dennis Alemán incluso días después delo ocurrido llegó a casa de su víctima y dijo a la mamá que “está vez no sería la nariz sino la cabeza que le iba a cortar”.

El hecho indignó a la comunidad LGBTI que lamentó el papel apático del sistema judicial en atender el caso.

Urgen políticas integrales
Organizaciones de mujeres y de derechos humanos del país han coincidido en la necesidad de que el Estado de Nicaragua brinde atención a la problemática de la violencia con políticas públicas integrales, pues el fenómeno más allá de un asunto legal, está vinculado a una cultura basada en el ejercicio del poder y control de los hombres sobre las mujeres. No obstante, el fortalecimiento del marco legal vigente y una actitud oficiosa de las instituciones públicas encargadas daría los primeros pasos hacia una atención efectiva.

Entre las propuestas reiteradas de organizaciones sociales están: la aplicación de la Ley 779; “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres” con la eliminación del articulado que establece la mediación entre las partes para superar los conflictos, pues ésta no ha tenido frutos positivos a la fecha y se ha considerado la antesala al asesinato de las mujeres.

Otro elemento clave es la reincorporación de las Comisarias de la Mujer que después de más de una década ya habían desarrollado una metodología acertada para atender los casos de violencia contra las mujeres desde las instancias policiales. Dada la complejidad del fenómeno de la violencia se requiere de personal calificado. En la actualidad un oficial que recibe la denuncia de un robo con fuerza, también atiende las denuncias de violaciones, acoso, maltrato y violencia contra la mujer.

De igual forma hace falta políticas que regulen el lenguaje misógino y de burla de mujeres maltratadas y violadas y el “moralismo mal intencionado” en los medios de comunicación, o la re-victimización por la exposición inadecuada de las noticias sobre violencia.

También urge mayor compromiso de los medios de comunicación social tanto privados como público (en un contexto de Responsabilidad Social) para el desarrollo de campañas de prevención de la violencia en apego a los derechos humanos.

EMPLEO DIGNO Y ACCESO AL TRABAJO: Una de las demandas de la comunidad LGBTI en Nicaragua.

1R0 DE MAYO 2017Agenda Mínima Derechos Humanos de las Personas de la Diversidad Sexual (en Nicaragua). Según este documento, los casos registrados de violaciones de derechos humanos relacionados a la identidad y expresión de género u orientación sexual de las personas “están ligados a despido de los centros de trabajo, negación a la atención en la salud, expulsión de centros de estudios de secundaria y universidad, negación a participar en cargos de dirección de organizaciones políticas, expulsión de los hogares donde viven por sus familias y por violencia física”.

Como se podrá observar, el despido de centros de trabajo una de las principales manifestaciones de la discriminación, pero este además tiene un impacto profundo en la calidad de vida de las personas que se reconocen públicamente como Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersex (LGBTI).

Aunque en Nicaragua se han dado avances relacionados a la libre expresión y reconocimiento público en medios de comunicación sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, aún se carecen de estrategias integrales que aseguren la inclusividad en el ambiente laboral.

El EMPLEO DIGNO Y ACCESO AL TRABAJO es el número cinco entre los diez puntos de la Agenda Mínima.  Éste destaca que:  “Las personas de la Diversidad Sexual que exteriorizan marcadamente su identidad, como trans o gays femeninos, tienen menos oportunidad de obtener empleo que los gays masculinos, pero aún éstos, al conseguir un empleo no son objeto del mismo trato, se les invisibiliza, se evita tomarles en cuenta en actividades de socialización, muchas veces no reciben el mismo salario que otras personas. Ante la grave situación de desempleo, es necesario que se reconozca el derecho al trabajo en base a las capacidades de las personas y no por su orientación sexual o identidad de género, se tiene que garantizar la no discriminación en el empleo para que las personas de la Diversidad Sexual puedan triunfar como profesionales y ganar un salario digno”.

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Portada de la Agenda Mínima.

También se argumenta como fundamento del Derecho al trabajo y a salario digno, que se debe garantizar el acceso al trabajo digno sin discriminación, en relación con las capacidades de las personas. De igual forma, el salario debe ser adecuado a estas capacidades.

La Agenda Mínima destaca como bases para la acción para demandar cumplimiento de este derecho, las denuncias sobre las violaciones a las leyes laborales y el discriminatorio por razones de orientación sexual o identidad de género ante el Ministerio del Trabajo, Juzgados del Trabajo y organismos de Derechos Humanos.

LOS NÚMEROS DE LA DISCRIMINACIÓN

Trabajo

Comunidad LGBTI en Centroamérica se solidariza con El Salvador

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El Embajador de El Salvador en Nicaragua, Carlos Antonio Ascencio Girón, seguido de Silvia Martínez y Juan Carlos Martínez de la Mesa Nacional LGBTI y la inspectora Karina Roxana Benítez Tórrez, Agregada Policial Adjunto se reunieron para abordar los temas de violencia por razones de género y orientación sexual en el vecino país.

La creciente ola de asesinatos por razones de orientación sexual e identidad de género en El Salvador ha generado la solidaridad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersex (LGBTI) del resto de naciones centroamericanas, que demandan ante los embajadores del país cuscatleco, que dicho gobierno asuma su papel de garante ante la violación del derecho a la vida de esa comunidad en el vecino país.

En el caso de Nicaragua, la Mesa Nacional LGBTI visitó a través de su Coordinador, Juan Carlos Martínez la embajada salvadoreña y entregó una misiva dirigida al embajador Carlos Antonio Ascencio Girón, radicado en Nicaragua.

“Nos hacemos eco de las denuncias de organizaciones LGBTI y de Derechos Humanos de El Salvador por la falta de reacción ante esta escalada de violencia de la Policía Nacional salvadoreña y la Procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero de Madriz. Solicitamos a las autoridades salvadoreñas en representación oficial en Nicaragua, atención debida a esta grave situación que pone en entredicho el compromiso del Estado salvadoreño de observar todos los instrumentos de Derechos Humanos que ha consignado y que incluyen los principios fundamentales de que todas las personas tienen derecho al disfrute de todos los Derechos Humanos, incluyendo la vida y la no discriminación”, dice parte de la carta.

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Como ante sala a la reunión con personeros de la Embajada de El Salvador se envió una carta para exponer la situación de violencia en contra de la comunidad LGBTI en ese país.

Reunión con embajador 

La misiva tuvo una respuesta inmediata, que se tradujo en una reunión del Embajador de El Salvador en Nicaragua con miembros de a Mesa Nacional LGBTI.

Al respecto, Martínez explicó que se dio a conocer la preocupación sobre la situación y que desde los espacios regionales hay interés de visibilizar los casos de violencia y unir esfuerzos para la creación de políticas públicas en la región.

 “Hay esfuerzos de varias organizaciones LGBTI en la región de incidir en los espacios como el Sistema de Integración Centroamericano (SICA). Como centroamericanos hemos identificados algunos puntos de agenda que nos une como la violencia de género y la tipificación del crimen de odio, así como la ley de Identidad de género”, dijo Martínez.

Agregó que el embajador expreso que recibían con beneplácito la comunicación entregada e informó de los avances que en tema de equidad de género y diversidad sexual ha hecho el salvador, principalmente en la policía nacional civil.

“Reconoce que aún hay mucho por hacer, que los casos recientes se están investigando que la secretaria de inclusión social se pronunció oficialmente al respecto. Ven con beneplácito que las organizaciones LGBTI de El Salvador no dejen pasar esta situación y cuente con el apoyo de las organizaciones de Centroamérica.

También dijo que la Agregada Policial Adjunta, Inspectora Roxana Benítez dio a conocer que desde el 2009 la entidad policial de ese país ha trabajado de cerca con organizaciones de sociedad civil y que hay casos de salvadoreños que se ven presionados por migrar ante la violencia.

Los crímenes de odio en cifras.

En el mes de febrero al menos 16 personas gay, mujeres transgénero y lesbianas han sido víctimas de crímenes de odio. Al menos dos hombres gay y tres mujeres transgénero han sido asesinadas por odio y rechazo a su orientación sexual e identidad de género, según datos de la Asociación COMCAVIS TRANS.

El pasado once de febrero fueron encontrados los cuerpos de dos hombres gay en el municipio de Perulapia, departamento de Cuscatlán. Entre el 18 y 19 del mismo mes, fueron asesinadas en San Luis Talpa las mujeres transgénero (identificadas por su nombre legal) Rony Alexander Orellana, Daniel Antonio Rodríguez, Pedro Masahuat y Wilber Castillo.

Más recientemente, ocho mujeres trans fueron secuestradas y retenidas en una casa en el departamento de La Paz y una pareja de gay fue atacada a puñaladas y perseguida por distintas localidades.