Adolescente es echada de su familia tras salir del closet.

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La Joven pareja actualmente llevan una relación de dos años y medio.

“Lola” a quien así citaremos, es una chavala de 17 años que recientemente salió del closet, desde pequeña supo que le atraían personas de su mismo sexo, pero fue hasta hace un año que decidió contarle a sus padres que tenia una relación de noviazgo con una compañera de clase de su misma edad.

“Cuando decidí contar, todo cambio en mi vida, al principio mi mamá no lo creía y me regaño pero luego decidió aceptarme, quien aun no lo supera es mi papá, en ese momento el me corrió de la casa pues me dijo que el tubo a una hija y no a un demonio, mi mamá no puede hacer nada porque vive en otro país”, relata Lola.

Casos como este en donde la familia rechaza a sus hijos por tener una orientación sexual e identidad de genero distinta a lo socialmente establecido suceden a menudo en Nicaragua y no todos corren con la misma suerte de ser acogidos por otros parientes.

En el marco legal nacional correspondiente a este tipo de casos en principio está el Código de la Niñez y Adolescencia que se refuerza con el Código Penal que contiene dos artículos, uno contra la discriminación por orientación sexual en general y otro en el ámbito laboral. Sin embargo, a la fecha no se tiene documentado un solo caso en que se aplique esta violación de derechos como agravante en la sentencia.

Por otro lado el código de la niñez y Adolescencia dice en su Artículo 4 que toda niña, niño y adolescente nace y crece libre e igual en dignidad, por lo cual goza de todos los derechos y garantías universales inherentes a la persona humana, sin distinción alguna. Este no esta siendo aplicado a todos y todas por igual, existe discriminación desde el hogar, los centros de estudios y en la calle, por razones de orientación sexual e identidad de genero, aquí vemos un ejemplo claro (caso de Lola).

Aunque Lola es aceptada en casa de su pareja tuvo que dejar sus estudios para trabajar, pues donde vive apenas les alcanaza para comer; “ desde que ya no vivo con mi familia la situación es mas difícil porque no me dan trabajo serio por ser menor de edad y donde logro conseguir me explotan y no puedo estudiar porque si estudio no como”, decía con voz entrecortada la joven.

Según José Ignacio López activista y el experto en Derechos Humanos de la Diversidad Sexual, aún no hay estudios que documenten casos de rechazo desde la familia, en particular a jóvenes que son corridos de sus hogares; “No existen específicos pero en las investigaciones sobre diferentes temas es una constante identificar entre los factores que aumenta la vulnerabilidad de estas personas, particularmente de adolescentes y jóvenes, el rechazo de la familia. Es importante mencionar que este rechazo se expresa de muchas formas, entre ellas: negación del derecho a la alimentación, el derecho a la educación o la salud, el derecho al entretenimiento, recarga de trabajos en el hogar, aislamiento social, etc.” Resaltó López.

Cada 28 de junio se celebra el día Internacional del Orgullo de las personas lesbianas, gays, Bisexuales, transgéneros, e intersexuales (LGBTI), la fecha no es casualidad, en 1969 un grupo de homosexuales en Estados Unidos se unieron para luchar el asedio y acoso policial siendo un momento clave para el movimiento, los llamados Disturbios de Stonewall se dieron en la cuidad de Nueva York en Estados Unidos, es por ello que Nicaragua se suma para conmemorar batallas, triunfos y desafíos que debe enfrentar esta comunidad.

En la última década este país a tenido tres avances importantes que beneficia a este sector como es la despenalización de las relaciones entre personas del mismo sexo en 2009, el nombramiento de la Procuradora Especial de Derechos Humanos para la Diversidad Sexual y la Resolución Ministerial del Ministerio de Salud contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en los servicios públicos de salud.

“En este momento ni la Resolución es ampliamente divulgada y por lo tanto apropiada, ni el Despacho de la Procuradora Especial cuenta con los recursos necesarios además de que ni siquiera se ha pronunciado en el marco de la crisis que vivimos a pesar de ser la peor de los últimos 40 años. Por otro lado, el Estado de Nicaragua acaba de atravesar su tercer ciclo en el proceso de examinación sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos y ha resaltado el incumplimiento a las recomendaciones que aceptó en el período anterior”, continuó López.

A nivel mundial, países están avanzando en aprobar leyes que defienden los derechos de las personas LGBTI, en Brasil recientemente se aprobó una ley que penaliza la homofobia como un delito equivalente al racismo , por fallo de la Corte Suprema, una decisión histórica para un país donde al día, por lo menos una persona de la diversidad sexual es asesinada por los prejuicios vigentes respecto a la orientación e identidad sexuales.

Así mismo ya son 30 naciones que se suman a la lista donde está aprobado el matrimonio igualitario, Costa Rica es el pionero en toda Centro America, mientras que Chile, República Checa, Bulgaria y Estonia esta en la mesa de debate el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Aunque muchas parejas diversas sueñan con casarse en este país para el activista López lo más básico e importante es que el Estado reconozca sus obligaciones que ha contraído al ser parte del Sistema Interamericano, debe de tomar en consideración los instrumentos y resoluciones que el sistema ha desarrollado en este y otros temas. “Uno de ellos, la Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Opinión Consultiva No. 24 del Gobierno de Costa Rica. Si bien es producto de una gestión de otro Estado, pero sirve de precedente.

Otro instrumento son los Principios de Yogyakarta que sin ser vinculantes, son orientativos para ayudar a los Estados a legislar en derechos LGBTIQ. En esencia el Estado de Nicaragua incumple y lo mínimo que debiera hacer es legislar, para eso no se necesita recursos nuevos o complementarios. Apuntó José López.

Hasta el momento Lola no pierde la esperanza de cambiar su situación y cree que en el futuro Nicaragua será un país donde se efectúen todos sus Derechos. “Tengo tres metas por cumplir; primero poder estudiar farmacia, ir por primera vez a una marcha del orgullo y por ultimo casarme con mi novia y poder tener mi propia familia”. Finalizo Lola.

Lista de países donde esta aprobado el matrimonio igualitario y los que están en la mesa  del debate.aprobado.jpg

… es por nosotros que doblan las campanas

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La economía como método de lucha afecta más a los sectores vulnerables. Imagen del paro nacional en Nicaragua tomada de redes sociales.

Welbin Romero Jirón*

La crisis nicaragüense pareciera estar en un punto muerto en el ámbito político y no se escuchan propuestas frescas, que destraben el momento, lo que para la población general no debería tener mayor trascendencia, sino fuera porque se ha pasado a utilizar la afectación de lo económico como método de lucha político.

Todos los días se leen y escuchan noticias sobre el desempeño de la economía, en estas se destaca la caída de la actividad económica, pero no se incluyen alternativas de solución. Del mismo modo, se enfatiza el hecho de que los Estados Unidos esté aprobando una ley, que además de imponer sanciones a connacionales, ordenaría a sus representantes en las bancas multilaterales, a oponerse a nuevos préstamos al gobierno de Nicaragua, ¿se trata de una nueva automutilación económica?

Otra vez los nicaragüenses nos autodestruimos. Ursula, la matriarca de Macondo, en 100 años de Soledad decía que la vida daba vueltas en círculos concéntricos, cuando veía que sus nietos y tataranietos repetían las locuras de sus padres, pareciera que Nicaragua se encuentra atrapada en esos círculos, volviendo como si nada, al mismo punto; al atraso y el subdesarrollo. Como Amaranta haciendo su mortaja para luego deshacerla y volverla a hacer, esperando el día de su muerte, que según se había predicho, sería el mismo día en que terminará su mortaja.

¿Por qué los nicaragüenses debemos aplaudir que se apruebe tal ley?, que solo afecta a los desposeídos. De donde se desprende que hay naciones que por su poderío económico y militar tienen derecho a promulgar leyes donde definen lo que deben hacer los gobiernos de terceros países, puede ser que eso apoye políticamente a una facción en contienda, pero, ¿es ético?, al simpatizar con esas acciones no le otorgamos el derecho de inmiscuirse en nuestros asuntos, y tomen nota que no se trata de un concierto de naciones, sino de un país que se siente con derecho de ser investigador, juez y verdugo.

La eliminación o en el mejor de los casos la disminución de los préstamos de las multilaterales, ¿a quienes perjudica?, Nicaragua ya no necesita de héroes o mártires, llevamos 500 años de historia recreándonos en ellos, pero en general son los más pobres, quienes ponen la inmensa mayoría de estos, mientras los que deciden las crisis, poco aportan en este sentido. Nicaragua necesita responsabilidad, y está, hoy reclama de propuestas que nos saquen del atolladero en el que nos metimos y disminuyan los efectos de la crisis.

Mientras tanto, estamos destruyendo la economía y como bien sabemos, es fácil destruir, pero infinitamente más difícil construir. Con ello en mente ¿cuál es el escenario más probable?, la respuesta pareciera, la de un gobierno, cualquiera que sea, gobernando sobre la destrucción… una vez más.

¿Nicaragua requiere un nuevo pacto social?, sin duda, que sí. También requiere de una nueva cultura, en la que todos queramos ser héroes, pero por hacer innovaciones que nos saquen de la perenne crisis política, económica y científica en la que vivimos desde la colonia.

*El presente artículo es una colaboración del economista e investigador Welbin Romero.

La libertad de expresión antes del 19 de abril; Censura desde lo político, económico y religioso

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Los sectores juveniles demandan de un periodismo comprometido con la verdad, Foto del 26 de Abril, durarte el homeje al periodista caído Angel Gaona.

Por Oscar Alvarez*

Nicaragua conmemora este 3 de Mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa con duelo e indignación por el asesinato del periodista Ángel Gaona, la censura canales de televisión y agresiones a periodistas en el ejercicio de sus funciones durante las protestas iniciadas el pasado 19 de abril.

Lo anterior es el clímax de una serie de prácticas ejercidas por el actual gobierno para mantener el control sobre la opinión pública. Años ya, han desaparecido de las páginas web las cifras oficiales sobre sobre temas económicos, licitaciones y otros asuntos de interés público. Las cámaras de los medios de comunicación no acceden a cárceles y zonas francas, pese a denuncias de maltratos hacia los reos y trabajadores respectivamente.

El gobierno también controla por lo menos cinco canales de televisión en Managua y radios como La Sandino y la Nueva Ya, una red de radios locales y canales de TV en alcaldías afines y por su puesto su presencia en forma diáspora en la internet.

Estos medios cuentan con un libreto específico: divulgar las acciones de gobierno y los avances del país en materia económica y social, y una abierta promoción de la empresa privada. Se complementa con la negativa de los funcionarios públicos de dar entrevistas y los comunicados desde la vicepresidencia es la forma de contacto del gobierno con el periodismo y la nación.

CENSURA DESDE EL PODER ECONOMICO
Pero la censura del derecho humano a la libertad de expresión tiene otros entre telones pocos analizados en un país como Nicaragua, donde se ha instalado un binomio de Empresa Privada – Gobierno que decide los destinos económicos del país.

Según el Coordinador del Movimiento Comunal Nicaragüense, Douglas Pérez, hay periodistas que previo a dar entrevistas, le han manifestado que: no hable sobre tal empresa o un producto porque no lo van a pasar.

Cabe señalar que la organización comunitaria ha denunciado desde años anteriores la existencia de monopolios y oligopolios que controlan los precios del mercado de alimentos de forma artificial en productos como la carne, el huevo, el azúcar, entre otros.

CENSURA DESDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Otro de los actores afectados por la censura en los propios medios de comunicación son los pueblos indígenas (del pacifico, centro y norte de Nicaragua), que han sido omitidos en las agendas informativas.

Así se dio en el caso de la Comunidad Indígena Salinas de Nahualapa en el municipio de Tola, Rivas, que mantiene por más de una década una disputa por un área de territorio que colinda con una de las mejores playas de Nicaragua y el mundo. Su caso fue presentado en medios de comunicación en Managua, pero la versión que sobre sale es la que beneficia a los inversionistas de origen estadounidense, que según medios nacionales como el Nuevo Diario, proyecta un desarrollo turístico por un monto de US$20 millones.

En lo publicado en distintos medios, se obvia que pese a lo que digan los tribunales nacionales, las tierras indígenas no son objeto de compra y venta, y cualquier trato sobre las mismas se vería invalidado. Tampoco se dice que los tribunales nacionales no tienen potestad para dirimir causas sobre las tierras indígenas por ser de orden constitucional y éstas son protegidas por instrumentos internacionales firmados por el Estado de Nicaragua.

Tales versiones fueron expuestas incluso ante medios de gran credibilidad como La Prensa. Los líderes indígenas mostraron su documentación como los trazos de medida certificada por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter) y el título indígena de la propiedad. Tras una extensa entrevista y días de gestión el redactor del diario dijo que no habían publicado la nota por no contar con la versión de los inversionistas. Por el contario, los dueños de La Flor tienen cancha abierta, sus opiniones se publican sin consultar a los pueblos indígenas.

CENSURA POR CAUSAS RELIGIOSAS
No cabe duda que entre los más silenciados por años en los medios de comunicación han sido las Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Travestis e Intersex (LGBTI).

Para José Ignacio López de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS), la presencia de esta comunidad en el ambiente mediático se limitó por años a los concursos de belleza, pero muy poco en programas de opinión y debate para abordar sus demandas y problemáticas como la violencia verbal y física y la discriminación en toda su dimensión, incluso en el seno familiar.

En este punto, se reconoce que los medios de comunicación oficiales han abiertos sus revistas matutinas, noticieros y hasta han diseñado programas especiales en ocasión de fechas memorables para esa comunidad. La censura viene de otro lado.

Azucena Acevedo, relacionista pública de RDS cuenta que tras muchas gestiones para promover la visita de grupos LGBTI en los medios de comunicación, resalta un correo enviado por una productora de Canal 12. En este se informa que no se daría espacio en el programas de revista para abordar temas sobre los derechos LGBTI, La Ley 779; Ley integral contra la violencia hacia las mujeres y el aborto. Las razones: la filiación religiosa de los dueños del canal.

Un caso similar pasó en gestiones con 100 por Ciento Noticias, el mismo canal que fue censurado durante las recientes protestas y que fue objeto del robo de una cámara de video a uno de sus equipos de prensa. En una llamada telefónica para solicitar espacio y cobertura, una de las productoras respondió de forma escueta que ese medio no abordaba esos temas porque sus dueños son cristianos.

Casos como los mencionados son muchos. Ello solo nos describe que en el país, el actual gobierno no es el único actor en establecer prácticas que limitan y atentan en contra de la libertad de expresión.

No obstante, evidencia la necesidad de contar con políticas informativas inclusivas en favor de la libertad de expresión de todos los grupos sociales. Que se creen modelos de gestión de los servicios de prensa autónomos a la voluntad de los dueños de los medios mismos. Pero para soñar sobra tiempo, por el momento este derecho lo cumple la gente por propia cuenta a través de las redes sociales, que en el caso de Nicaragua aún le falta implementar formatos que vayan más allá de la inmediatez y la denuncia.

*Periodista, experto en Comunicación para el Desarrollo.

La Mesa Nacional LGBTIQ+ se pronuncia ante situación nacional

La Mesa Nacional LGBTIQ+ (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales, Intersex, Queer y más), expresó por medio de un pronunciamiento sus consideraciones sobre la situación que se vive en Nicaragua a raíz del decreto ejecutivo para rescatar al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social.

Para respetar la opinión propia de ese espacio de concertación que reúne a unas 18 organizaciones LGBTI y de promoción del desarrollo humano del país, les compartimos integro el texto en cuestión.

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Pronunciamiento

 

En la MESA NACIONAL LGBTIQ+ de Nicaragua confluimos más de 20 organizaciones LGBTIQ de todo el país, cuyos líderes y lideresas cubren todas las afiliaciones políticas del país, y que la base de nuestro quehacer son los principios de autonomía, sin afiliación partidaria y en pro de la defensa de los Derechos Humanos de las personas LGBTIQ+.

Ante los sucesos acontecidos en los días 17, 18 y 19 de abril, queremos manifestar que:

  1. Reconocemos la necesidad urgente de solucionar de manera definitiva la crisis de la Seguridad social del país y que esta se puede lograr únicamente por medio del diálogo con el involucramiento activo y propositivo de todos los sectores de la sociedad nicaragüense.
    2. Entendemos que la salida definitiva a la crisis del INSS implica que cada sector deberá asumir cierta cuota de sacrificio. Por lo tanto su involucramiento no solo es necesaria, debe ser informada y en condiciones de equidad.
    3. Nuestra primera demanda a la sociedad en general siempre ha sido de respeto y trato digno. Creemos firmemente en la vigencia de los Derechos Humanos y su universalidad.

Por lo tanto:

  1. Expresamos a las autoridades nacionales, la necesidad de convocar lo más pronto posible a un diálogo que brinde una salida sostenible a la crisis del INSS. En el que participen todos los sectores de la sociedad nicaragüense.
  2. Hacemos un llamado tanto a quienes apoyan como a quienes rechazan las Reformas a la Seguridad social recientemente decretadas, a que practiquen el ejercicio de sus Derechos sin menoscabo de los Derechos de las demás personas. Todas y todos somos nicaragüenses y somos igualmente importantes para encontrar y asegurar la salida a la presente crisis del INSS.
  3. Abogamos por el irrestricto ejercicio de la libertad de prensa como bien común de prioridad estratégica por que permitirá generar las condiciones de equidad para el necesario diálogo entre todos los sectores de la sociedad nicaragüense.

Managua, Nicaragua.

Protejamos nuestras Reservas Naturales

Nota bNicaragua cuenta con un sinnúmero de Áreas Protegidas y tres reservas de biosfera (BOSAWAS, INDIO MAIZ e ISLA DE OMETEPE) que son de un alto valor ambiental, económico, social y cultural para el país.

Sin embargo, aún no se desarrolla un sistema de manejo adecuado que permita potenciar esa gran cantidad de recursos. Por el contrario, las Áreas Protegidas como Chacocente que son de gran proyección turística nacional e internacional están en constante acoso por los depredadores, hombres dedicados a la comercialización del huevo de tortuga de Paslama.

Los intentos por desarrollar iniciativas económicas y ambientales de forma sostenible fracasan por la fragilidad en la aplicación de leyes y la cultura de consumo de depredación de un alto sector de la sociedad nicaragüense.

En cuanto a las Reservas de Biosfera, todas sin excepción son presa del desarrollo económico. En la Isla de Ometepe el paisaje poco a poco se ha ido transformando por la deforestación y las construcciones turísticas, algunas de éstas sin todos los requerimientos ambientales. Bosawas e Indio Maíz son invadidas por colonos, traficantes de tierras y madera y por supuestos inversionistas de la ganadería. Destruyen grandes cantidades de bosques para pastar ganado con relación de una cabeza por manzana, cuando ya existen sistemas de producción que usan mucho menos espacio.

Desde RDS compartiremos en los próximos días información sobre el papel y la protección de las Áreas Protegidas y Reservas de Biosferas del país.

Histórica resolución de CIDH reconoce derechos a la identidad de género de forma integral

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Archivo RDS – 28 de junio de 2015.

A 20 días de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sorprendiera al mundo con su respuesta a la consulta hecha por Costa Rica sobre identidad de género, y no discriminación a parejas del mismo sexo, activistas de derechos humanos y expertos en derecho internacional analizan la trascendencia de ese fallo catalogado desde el primer momento como histórico

Una serie de personajes ligados al movimiento de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersex (LGBTI) coinciden que la resolución va más allá de la connotada idea sensacionalista de un matrimonio del mismo sexo acuñada por la prensa y por el contrario da reconocimiento pleno de derechos a este sector de la población.

En opinión de José Ignacio López, de la oficina LGBTI de Red de Desarrollo Sostenible (RDS), la decisión de la CIDH a todas luces y sin duda alguna es un hito histórico para los Derechos Humanos en general y en particular para el movimiento LGBTI de la región. “Los medios de comunicación así como la sociedad en general se ha centrado en el tema del matrimonio igualitario pero el documento plantea otras cosas probablemente más relevantes”, indicó.

De acuerdo a este activista nicaragüense, se resuelve que tanto la orientación sexual como la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José. Los Estados firmantes por tanto deben observar el principio de igualdad y no discriminación a todas las personas independientemente de su orientación sexual o identidad de género y se debería eliminar cualquier obstáculo o vacío jurídico que exista.

Leyes nacionales deben modificarse

La CIDH es uno de los órganos de la Organización de Estados Americanos (OEA) y toda resolución implica a los 35 países miembros, por lo que según López las leyes de cada país deben modificarse e incluso, de ser necesario, ajustar la Constitución. “Bajo este principio, de existir divergencia entre lo que manda la Convención y las normas nacionales, predominará la Convención”, argumenta López.

Para Jaime Ordóñez de Costa Rica, las resoluciones de la CIDH en general como sentencias u opiniones consultivas son obligatorias para todos los Estados miembros de la OEA. “Son normas de Derecho Internacional Público en derechos humanos”, afirma en su análisis del tema.

Ordóñez también lamenta la violencia verbal que ha generado la resolución en personas que, invocan la religión y otros valores éticos, y atacan a otras por sus preferencias individuales. “Su intolerancia va en contra de los propios postulados éticos que supuestamente invocan”, fustiga.

Protección a la persona y la familia

Por su parte el experto colombiano en derecho internacional, Germán Humberto Rincón Perfetti, refiere que con dicha resolución la Corte ratifica el concepto de protección a los proyectos de vida de las personas, la autonomía individual y el libre desarrollo de la personalidad, basados en el derecho a la vida privada, el cual incluye la identidad física, la identidad social y las relaciones con las demás personas.

Rincón Perfetti, explica que la vida privada tiene un aspecto al interior de la persona y otro frente a las demás y sumado a la dignidad humana complementa el principio de la autodeterminación y escoger libremente aquello que le da sentido a su existencia. “El Estado no tiene facultades para inmiscuirse o criticar o atacar las formas de expresión de la vida y el cuerpo, por el contrario esas libertades personales deben ser protegidas”, reitera.

Con relación a la familia, Rincón Perfetti recuerda que la Convención Americana de Derechos Humanos no protege una forma cerrada de familia, como tampoco se refiere al sexo, o género de quienes la constituyen. El concepto de familia se entiende en forma amplia y pone de ejemplo la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas cuya expresión de familia es aún más amplia y se refiere a “sistemas de familia” propios de dichos pueblos.

“Mantener una interpretación excluyente del concepto de familia es contrario a la Convención Americana cuando debe existir protección a todas las personas sin distinciones, por ello las familias conformadas por parejas del mismo sexo son legítimas. Todos los países deben reconocerlas y protegerlas. Considerar un trato diferente entre unas y otras no es legalmente aceptable”, afirma.

Herramienta de litigio estratégico

Para la activista transgénero, Karla Avelar de El Salvador, la opinión de la Corte es una herramienta de cabildeo y litigio estratégico que permitirá a las personas LGBTI y activistas, no sólo el reconocimiento y cumplimiento de sus derechos, si no también incidir dentro de sus propios estados para la creación e implementación de leyes que les protejan. “Si algún Estado infringiera esta resolución, podría en un futuro ser demandado y sancionado por la CIDH”, afirmó.

En Latino América y principalmente en países del área centroamericana los reiterados testimonios de falta de acceso a la justicia a las personas LGBTI son constantes. Las entidades policiales, juzgados y otras instituciones no dan curso, credibilidad y hasta se burlan de las denuncias hechas por maltratos, agresiones e incluso de atentados contra la vida de las personas con una identidad de género y orientación sexual distinta a la norma social.

NOTA: Todos los comentarios en este análisis fueron enviados de forma exclusiva a RDS y se agradece la colaboración a este esfuerzo.

Impactos del pronunciamiento de la CIDH sobre identidad de género

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Foto: RDS, 28 de junio de 2017. Managua.

No cabe duda que el anuncio de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado nueve de enero, por la consulta hecha por Costa Rica sobre Identidad De Género, y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo, ha causado revuelo a nivel latinoamericano, cuyos países casi en su totalidad, abrazan la Carta Interamericana como instrumento de derecho internacional en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Tras salir de la sorpresa, aun los alcances de la resolución no han sido desmitificados, pues queda mucho por recorrer para que su cumplimiento sea efectivo en la región.  Para abonar a un debate que se aproxima y que trastocará los cimientos de la sociedad latinoamericana, compartimos el análisis del experto colombiano en derecho internacional, Germán Humberto Rincón Perfetti, quien busca soltar los nudos del intrincado asunto.

IMPACTOS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS sobre CAMBIO DE NOMBRE, IDENTIDAD DE GÉNERO, Y LOS DERECHOS DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

Por Germán Humberto Rincón Perfetti

ANTECEDENTES

El 18 de mayo de 2016 Costa Rica presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva relacionada con la interpretación y alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en dos temas, el primero relacionado con el cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una y finalmente el reconocimiento de los derechos de parejas homosexuales teniendo en cuenta que en los países existen legislaciones que van desde la penalización hasta el reconocimiento pleno.

INTERVENCIONES

Dentro del trámite varios países presentaron comentarios. Ellos fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, y Uruguay, también opinaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, varias organizaciones de entidades estatales de algunos países, asociaciones internacionales, instituciones académicas, y organizaciones no gubernamentales, fueron noventa escritos, cuarenta participaciones en audiencia, es decir, el tema fue debatido e interesó a toda las Américas.

EL CONCEPTO DE LA CORTE

El martes 9 de enero de 2018, fue publicado  el concepto de la Corte ratificando la obligación de los Estados de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna y cuando no se dan estas garantías se genera responsabilidad internacional.

La prohibición de discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, no es única, o taxativa, se refieren a algunas formas, por ello, se entienden incluidas otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas, pero que tengan una entidad asimilable en aplicación de la evolución del derecho internacional. Por ejemplo la orientación sexual, la identidad y expresión de genero se encuentran protegidas en desarrollo del concepto de libertad, el principio de autodeterminación de cada persona y decidir su proyecto de vida conforme sus propias convicciones.

La situación por la cual en la región no exista un consenso sobre el tema de minorías sexuales en ningún momento es un argumento legítimo para negar o restringir derechos a esta población.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS DEBE SER PROTEGIDO POR TODOS LOS PAÍSES

La Corte ratifica el concepto de protección a los proyectos de vida de las personas, la autonomía individual y el libre desarrollo de la personalidad, basados en el el derecho a la vida privada, el cual incluye la identidad física, la identidad social y las relaciones con las demás personas. La vida privada tiene un aspecto al interior de la persona y otro frente a las demás. Lo anterior unido al principio de la dignidad humana complementa el principio de la autodeterminación y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. El Estado no tiene facultades para inmiscuirse o criticar o atacar las formas de expresión de la vida y el cuerpo, por el contrario esas libertades personales deben ser protegidas.

EL CONCEPTO DE FAMILIA

La Convención Americana de Derechos Humanos no protege una forma cerrada de familia, o alguna en forma específica, como tampoco se refiere al sexo, o género de quienes la constituyen, es decir, el concepto de familia se entiende en forma amplia. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es aún más amplia, pues se refiere a “sistemas de familia” propios de los pueblos indígenas.

Mantener una interpretación excluyente del concepto de familia es contrario a la Convención Americana cuando debe existir protección a todas las personas sin distinciones, por ello las familias conformadas por parejas del mismo sexo son legítimas. Todos los países deben reconocerlas y protegerlas. Considerar un trato diferente entre unas y otras no es legalmente aceptable.

EL MATRIMONIO DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

Todos los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, -como la union de hecho y también el matrimonio-, siendo expresiones de derechos familiares las cuales deben incluir a las parejas del mismo sexo y sin discriminación con las familias y parejas heterosexuales sin ser necesario crear figuras jurídicas diferentes.

Negar el matrimonio argumentando la procreación seria negar el derecho a la familia como una realidad. La procreación no es un elemento fundamental. Cuando se argumenta esta situación existe una degradación.

Los Estados tienen en deber de garantizar a las parejas del mismo sexo, sin ningún tipo de discriminación, los mismos derechos y los mismos deberes que tienen las parejas heterosexuales entre ellos impuestos, herencia, la propiedad, privilegio del cónyuge en el derecho procesal probatorio, autorizaciones en temas de salud, certificados de nacimiento y defunción, normas de ética profesional, asuntos financieros beneficios de compensación laboral, seguro de salud y custodia de los hijos.

A la fecha el matrimonio igualitario ha sido aprobado en Argentina (2010), Uruguay y Brasil (2013), Colombia (2016), y una parte de México (2009 en adelante).

Los Estados deben vencer las dificultades institucionales para extender a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio, reconociendo que muchas veces la oposición se basa en criterios religiosos.

IDENTIDAD DE GÉNERO

La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la propia realidad de su cuerpo, y sus diversas expresiones de genero la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Siendo la identidad de género un elemento esencial de la persona, los Estados deben llevar a cabo todo lo necesario para que el reconocimiento de la identidad de género auto-percibida sea la misma realidad en los documentos legales, sin trámites demorados y que la información se actualice por parte del mismo Estado en todas las instituciones para evitar la tramitomanía y cargas adicionales a la persona.

Cuando las personas deseen cambiar sus datos conforme a su identidad de género auto-percibida, deben tener disponibilidad de un trámite sencillo de tipo administrativo e integral en el cual solo sea necesario el propio consentimiento de la persona, garantizar confidencialidad, gratuidad y los cambios en ningún momento deben dejar notas alusivas entre los documentos anteriores y los nuevos.

Con relación a niñas y niños la Corte aclaró que así como las personas mayores tienen derecho a los cambios, los menores de edad también son titulares de los mismos derechos.

El concepto reza: Los Estados “deben garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación”

POR QUE EL DOCUMENTO ES IMPORTANTE

  1. Proviene de una autoridad con efectos internacionales, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  2. Los países que han parte del sistema interamericano tienen el deber de acatarlo e implementar sus indicaciones y criterios.
  3. Sirve para argumentaciones académicas, legales y litigios.
  4. Se puede presentar ante entidades del Estado en todos los niveles, ya sea local, regional o nacional.
  5. El 18 de enero de 2018, es decir, a solo nueve días de conocerse la Opinión de la Corte, la pareja formada por Sergio Montealegre y Dario Abarca se presentaron en la oficina del Registro Civil en la ciudad de San Jose (Costa Rica) a legalizar la unión llevada a cabo en Colombia en marzo del 2016. (De la cual fue el apoderado). En esta segunda oportunidad les recibieron los documentos quedando pendiente la decisión. Así mismo otras parejas pueden comenzar los trámites para legalizar sus relaciones ya sea que las hayan llevado a cabo en otros países o comenzar a demandar estos derechos dentro del propio.

Resolución de la CIDH sobre identidad de género y su obligatoriedad para Costa Rica

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La bandera LGBTI ondeó junto a la de Costa Rica en casa presidencial del vecino país en el 2017, en ocasión del 17 de mayo, Día contra la discriminación por razones de identidad de genero y orientación sexual.

A dos semanas del anuncio de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la consulta hecha por Costa Rica sobre Identidad De Género, y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo, reproducimos el escrito del costarricense Jaime Ordóñez, quien destaca las implicaciones de cumplimiento que tiene dicha resolución para ese país centroamericano.

En un análisis hecho sobre la resolución de la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ordoñez describe los argumentos constitucionales que permiten al vecino del sur avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, transexuales e Intersex (LGBTI) de forma integral.

LAS RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA (Y SU OBLIGATORIEDAD)

Por Jaime Ordóñez

 La decisión de la Corte Interamericana de DDHH es un paso hacia la modernidad y al reconocimiento de derechos humanos de más de un 20% de la población mundial, discriminada todavía en muchos países. Nos saca del Medioevo ideológico y nos lleva al siglo XXI.

Ante las opiniones y desatinos legales que varias personas escriben en redes sociales (y por haber trabajado 25 años justamente en DDHH en A Latina y otros lugares del mundo) me permito hacer una breve reflexión jurídica y una reflexión ética: –

REFLEXIÓN JURÍDICA

1.- Las resoluciones de la Corte Interamericana de DDHH (sentencias u opiniones consultivas) son obligatorias para todos los Estados miembros, pues son normas de Derecho Internacional Público en derechos humanos. Costa Rica es país miembro desde 1981.

– 2.- Lo reconoce la propia Constitución Política de Costa Rica en su art 7: los Tratados Internacionales (como la Convención Americana de DDHH) , sus órganos y decisiones, tienen valor superior a la ley, y forman parte inmediata del ordenamiento jurídico costarricense. Eso se llama “bloque de legalidad y bloque de constitucionalidad”. La resolución de la CIDH es– desde ayer martes 9 de enero, 2018– norma costarricense, con el mismo rango de un artículo constitucional, superior a cualquier ley.

– 3.- Por eso mismo, NO se trata de un “tribunal extranjero” como incorrectamente dicen algunos en redes sociales. Es un tribunal regional/ de carácter multilateral (del cual Costa Rica es Estado miembro pleno, además de país sede). Sus resoluciones se vuelven inmediatamente derecho costarricense. Así funcionan los derechos humanos en todos los países y regiones del mundo democrático

– 4.- Se aplica a matrimonios civiles y no a religiosos.

– 5.- Por el principio de “autoaplicabilidad” de los derechos humanos (ver Cancado Trindade, A.A. Self Execution of Human Rights”, y diversas resoluciones de la Corte Europea y de la Corte Interamericana) esta resolución NO necesita de ninguna ley para ponerse en práctica. No tiene que ir a la Asamblea Legislativa, pues está por encima de la ley. La Asamblea Legislativa tampoco puede emitir ley que la contradiga, por el artículo 7 constitucional.

– 6.- Los temas de DDHH no pueden ir a plebiscito, como alegan equivocadamente otros, justamente porque buscan, en muchos casos como éste, proteger derechos de minorías. Por ello, no pueden estar sometidos a la llamada “dictadura de la mayoría”, inaplicable en derechos humanos.

– 7.- Esta resolución de Corte Interamericana (CIDH) se puede aplicar de inmediato en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica (y el Registro Civil por medio del TSE) deberán dictar de inmediato y respectivamente un Decreto y una ordenanza administrativa para inscribir los matrimonios civiles respectivos. Pero, incluso, si no se diese ese Decreto y esa Ordenanza con celeridad, un notario podría celebrar un matrimonio con la amplitud dispuesta, y el Registro Civil de Costa Rica estar obligado a inscribirlo, debido al imperio superior de la resolución de la CIDH. –

REFLEXIÓN ÉTICA.

Es lamentable ver la violencia verbal que ha generado esta Resolución en personas que, invocando la religión y otros valores éticos, atacan a otras por sus preferencias individuales. Su intolerancia va en contra de los propios postulados éticos que supuestamente invocan. La religión debería ser amor y respeto a los otros, y no su demonización o discriminación. En una sociedad democrática, cualquier persona tiene derecho a externar sus opiniones o vivir su vida de acuerdo a sus convicciones o preferencias, biológicas o morales, mientras ello no dañe a terceros. Es el principio de Voltaire y de Benito Juárez aplicable a estos tiempos y a estos temas. Es la esencia del respeto al otro, clave para tener una sociedad cada día más democrática y civilizada.

En silencio y con paso firme, mujeres marchan para demandar respeto a la vida

Foto marcha mujeres

Las cifras de la muerte aumentan día con día. En la realización de la marcha se conoció que la cifra ya ascendía a 39 asesinatos.

La escalada ascendente de asesinatos con violencia y saña que ha mantenido en vilo a Nicaragua en las últimas semanas, motivó a organizaciones de derechos humanos a marchar en silencio como forma de protesta y demandar a las autoridades correspondientes una acción oficiosa a fin de evitar más muertes.

Datos de la organización Católicas por el Derecho de Decidir indicaban que a julio de este año ya habían 29 mujeres asesinadas, pero lo cifra se disparó a 39 justo ayer 23 de agosto, previo a esta manifestación.

Entre los casos más emblemáticos del presente mes está el asesinato de Karla Estrada quien apareciera decapitada el 17 de agosto en un predio de la ciudad capital, tras haber estado desaparecida desde el pasado diez. El principal sospechoso, su ex-pareja, un ex-militar que ella mismas había denunciado en las redes sociales.

“Hay muchos obstáculos para que las mujeres tengan acceso a la ruta de la justicia; el caso de Karla es la mejor demostración, no han encontrado al agresor porque no quieren, obviamente si el ejército tuviera interés en limpiar su cara, de detener a un agresor de ese nivel, pero este no lo encontraron”, dijo Ana Pizarro de Si Mujer.

Marcha mujeres 2

La principal demanda de las mujeres es que se aplique de forma correcta la Ley integral contra la violencia y que las autoridades correspondientes atiendan los casos de forma oportuna y preventiva.

Por su parte, Evelin Flores, de Puntos de Encuentro expreso que “estamos haciendo algunas actividades para demándarle a las autoridades y castiguen a los femicidas y a los agresores de todo tipo de violencia, aunque para nosotras, más allá de las cifras que muchas veces se esconden porque no todo mundo denuncia, lo que más nos preocupa es la actuación del Estado al no presentar ningún mensaje”.

En la marcha del silencio y con paso todas las mujeres vistieron de rojo y portaron carteles con los nombres de las fallecidas y de sus agresores. La misma hizo un recorrido que inició en las afueras del Ministerio Público y finalizó frente al Complejo Policial Faustino Ruiz, conocido también como Plaza El Sol.

Fotos y entrevistas: Azucena Acevedo / https://azucenaraquel.wordpress.com/

 

Indígenas de Nicaragua celebran su día en medio de la incertidumbre.

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Grupo danzante en ceremonia al Sagrado Corazón del Cielo y la Madre Tierra.

La invasión a sus territorios, poca o nula inserción en proyectos con enfoque de desarrollo y crecimiento económico y una legislación que se ha quedado corta ante las circunstancias son las realidades que enfrentan los pueblos indígenas de Nicaragua, que este 9 de agosto celebran su día internacional en medio de la incertidumbre.

Chorotegas, matagalpas, sutiabas y nahoas en el Pacifico, Centro y Norte, misquitos y mayagnas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), dan fe de la multietnicidad de Nicaragua, que aún se mantiene entre los tres países más pobres de la región latinoamericana, según el Banco Mundial.

De acuerdo citas de El Nuevo Diario, “existen 388 mil indígenas en el Pacífico, Centro y Norte del país, de los cuales 221 mil son chorotegas, 49 sutiabas, 20 mil nahoas y 98 mil matagalpas. Sumado a las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, dan un total de 597 mil no mestizos que representan un poco más del 10 por ciento de la población nacional” concentrados en más de 22 pueblos en el país.

Invasión y muertes en territorios indígenas
Con todo y que Nicaragua se ha declarado de naturaleza multiétnica y reconoce a los pueblos originarios (indígenas) en su Constitución Polìtica, y que se ha promulgado la Ley No. 445, Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas (del caribe)…, los territorios de los pueblos indígenas de la Costa Caribe son invadidos y su población asediada por colonos o envuelta en situaciones de sublevación por la defensa de las mismas.

A inicios del 2017, según La Prensa, citando otras fuentes, el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) registra más de 50 muertes ocurridas en los territorios indígenas vinculadas a los conflictos territoriales, sin que haya habido alguna investigación por parte de las autoridades.

Así mismo, medios nacionales dan cuenta de muertes de colonos, como se les llama a los invasores de tierras que por lo general son mestizos.

En el caso de los Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua, el Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN) han denunciado la cesión de tierras comunales del Pueblo Indígena Muymuy a retirados del ejército.

El líder indígena Ramón Torres del pueblo Muymuy, denunció ante medios de comunicación en el 2016, la existencia de “una mafia de empleados públicos” que “legalizan” las tierras y luego las venden y se reparten el dinero. Unas 1,500 manzanas de tierras ancestrales que los indígenas ocupan desde hace 500 años han sido sujeto de tráfico de propiedad. Y de acuerdo al MIN hay casi una decena de muertes (asesinatos) relacionadas a este conflicto.

No en vano, el Banco Mundial en base en los resultados del estudio Doing Business publicado recientemente, la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ha limitado en parte la posibilidad de que el sector agrícola atraiga inversión. En ello incluyen reclamaciones de pueblos indígenas sobre territorios ancestrales.

Indígenas fuera de proyectos de desarrollo
Los pueblos indígenas cuentan con un territorio vasto para la inversión en proyectos de desarrollo. Por citar un ejemplo, el territorio de Salinas de Nahualapa en Tola, colinda con una de las playas consideradas entre de las mejores del mundo para actividades de recreación. De hecho en el 2015 fue escenario de un evento de talla mundial del surf. Así mismo, la comunidad Urbaite – Las Pilas, tiene en su territorio el rio Istián y La Peña Inculta La Cabuya. En ambos casos, operadores turísticos ofrecen estos destinos, sin reconocer beneficios alguno a sus propietarios.

En el 2012, el afamado proyecto “Desarrollo del Turismo en el Sur Occidente de Nicaragua” implementado por la Fundación Centro Empresarial Pellas no incluyó a los pueblos indígenas como beneficiarios, pese a su potencial y la oportunidad de desarrollo que significa el turismo para este sector de la población.

Legislación rebasada
Pese a que en Nicaragua existe un marco legal sobre los derechos de los pueblos indígenas, este ha sido rebasado por los conflictos territoriales y la falta de armonía para el desarrollo de políticas que propicien el desarrollo sostenible de los pueblos.

Uno de los logros sustantivos de los últimos años es la aprobación de la Ley de medicina tradicional ancestral que reconoce el derecho a practicar y promover las expresiones de la medicina tradicional ancestral de los pueblos indígenas y afro-descendientes del país.

No obstante, Ley No 28, “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua”, que fue reformada para ser aplicada a los tiempos actuales, se mantiene con la intensión de reconocer las estructuras de gobierno, pero carece de medidas especiales en el caso del tráfico de tierras y los delitos que esto conlleva.

Desde el 2010, Wolfgang Alejandro Bonilla, experto en derechos indígenas advertía en un informe preparado para la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) que las municipalidades del Triángulo Minero (Siuna, Bonanza y Rosita) tenían que dejar de impulsar las penetraciones de colonos ilegales en las áreas protegidas y los territorios (indígenas) y no continuar certificando comunidades mestizas ilegales dentro de territorios indígenas, propiedades estatales y áreas protegidas.

Aunque esta situación ha cambiado desde el plano institucional, la respuesta para enfrentar la invasión de tierras no es clara. Las invasiones no cesan.

En el caso del Pacifico, Centro y Norte la situación se torna aún más frágil, a pesar que existen leyes que datan desde el siglo pasado que indican la ilegalidad de vender propiedades indígenas, muchos funcionarios públicos al parecer desconocen de las mismas y participan de las transacciones según denunciantes indígenas.

Una propuesta sencilla
Para los pueblos organizados en espacios como el MIN, la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, urge un diálogo entre las instancias públicas y los pueblos indígenas en el que se dimensionen los problemas y sus efectos en el desarrollo de los población indígena y del país; y se identifiquen las oportunidades para la nación si hay un pleno respeto a los derechos ancestrales.

Según Aminadad Rodríguez del MIN, se prepara un Informe sobre la seguridad jurídica de la propiedad indígena, que será un instrumento para promover y abrir esos espacios de interlocución con las instancias de Estado.