Influencer: líder de opinión 2.0

InfluencerPor Oscar Alvarez*

En las últimas semanas se ha mantenido un debate sórdido en redes sociales sobre personajes que se consideran “influencer” en el pequeño país del pinol. Ello, sin percatarse que tal título es el nuevo nombre que se acuña a lo que en su momento Paul Lazarsfeld llamó Líder de opinión.

El estudio “Influencer engagement, una estrategia de comunicación que conecta con la generación millennial”, reconoce que el ‘influencer’, lejos de equivocaciones que lo catalogan como ‘persona famosa’ o ‘perfil con muchos seguidores’, es un ‘prosumer’ que genera contenidos de interés para su público: un público a menudo muy segmentado, no por variables sociodemográficas, sino por aficiones, intereses o estilos de vida. Esto es algo que precisamente las marcas buscan desde hace mucho tiempo.

Para Lazarsfeld, uno de los fundadores del análisis de los medios de comunicación, el líder de opinión es el personaje que aborda temas de interés, es un informador, genera tendencia gregaria (empatía), cuenta con carisma mediática, ocupa un lugar de prestigio en la sociedad, comparte su opinión y mantiene una audiencia cautiva y firme a su opinión. Todo ello encaja con la descripción de un verdadero influencer.

En todo caso, el influencer, además de contar con las características mencionadas de un líder de opinión tiene el plus que le brindan las redes sociales o web 2.0, la diáspora mediática de la era digital no existente en décadas pasadas. Y cuenta con un nicho de audiencia en un mundo diverso, pero con la tendencia de una cultura globalizada. Ello lo convierte en un candidato a prescriptor de marca apto para una estrategia de publicidad o para una estrategia de posicionamiento político.

En la publicidad se reconocen tipos como: el saludable (apasionado de la vida sana), el colaborativo, el “chic”, el cocinero/repostero y el aventurero. En el campo político se identifican los activistas, influencers implicados con sus comunidades y movimientos políticos, los conectados, por su amplia red de contactos y seguidores, los de impacto y los de mente abierta.

Finalmente, el influencer debe tener la capacidad de generar opiniones y reacciones en otros usuarios de la red cuando habla sobre una temática en concreto. Sin ánimos de ser moralista, tampoco basta tener miles de seguidores por mostrar fotos de semidesnudos, o ser muy popular por sus diatribas y arremetidas con otros personajes. Al fin de cuentas, el Influencer es un líder de opinión 2.0.

*Comunicador para el desarrollo. Equipo de Comunicación RDS.
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Impactos del pronunciamiento de la CIDH sobre identidad de género

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Foto: RDS, 28 de junio de 2017. Managua.

No cabe duda que el anuncio de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado nueve de enero, por la consulta hecha por Costa Rica sobre Identidad De Género, y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo, ha causado revuelo a nivel latinoamericano, cuyos países casi en su totalidad, abrazan la Carta Interamericana como instrumento de derecho internacional en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA)

Tras salir de la sorpresa, aun los alcances de la resolución no han sido desmitificados, pues queda mucho por recorrer para que su cumplimiento sea efectivo en la región.  Para abonar a un debate que se aproxima y que trastocará los cimientos de la sociedad latinoamericana, compartimos el análisis del experto colombiano en derecho internacional, Germán Humberto Rincón Perfetti, quien busca soltar los nudos del intrincado asunto.

IMPACTOS DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS sobre CAMBIO DE NOMBRE, IDENTIDAD DE GÉNERO, Y LOS DERECHOS DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

Por Germán Humberto Rincón Perfetti

ANTECEDENTES

El 18 de mayo de 2016 Costa Rica presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva relacionada con la interpretación y alcance de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en dos temas, el primero relacionado con el cambio de nombre de las personas, de acuerdo con la identidad de género de cada una y finalmente el reconocimiento de los derechos de parejas homosexuales teniendo en cuenta que en los países existen legislaciones que van desde la penalización hasta el reconocimiento pleno.

INTERVENCIONES

Dentro del trámite varios países presentaron comentarios. Ellos fueron Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Panamá, y Uruguay, también opinaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, varias organizaciones de entidades estatales de algunos países, asociaciones internacionales, instituciones académicas, y organizaciones no gubernamentales, fueron noventa escritos, cuarenta participaciones en audiencia, es decir, el tema fue debatido e interesó a toda las Américas.

EL CONCEPTO DE LA CORTE

El martes 9 de enero de 2018, fue publicado  el concepto de la Corte ratificando la obligación de los Estados de respetar y garantizar el pleno y libre ejercicio de los derechos y libertades sin discriminación alguna y cuando no se dan estas garantías se genera responsabilidad internacional.

La prohibición de discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, origen nacional o social, no es única, o taxativa, se refieren a algunas formas, por ello, se entienden incluidas otras categorías que no hubiesen sido explícitamente indicadas, pero que tengan una entidad asimilable en aplicación de la evolución del derecho internacional. Por ejemplo la orientación sexual, la identidad y expresión de genero se encuentran protegidas en desarrollo del concepto de libertad, el principio de autodeterminación de cada persona y decidir su proyecto de vida conforme sus propias convicciones.

La situación por la cual en la región no exista un consenso sobre el tema de minorías sexuales en ningún momento es un argumento legítimo para negar o restringir derechos a esta población.

EL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS DEBE SER PROTEGIDO POR TODOS LOS PAÍSES

La Corte ratifica el concepto de protección a los proyectos de vida de las personas, la autonomía individual y el libre desarrollo de la personalidad, basados en el el derecho a la vida privada, el cual incluye la identidad física, la identidad social y las relaciones con las demás personas. La vida privada tiene un aspecto al interior de la persona y otro frente a las demás. Lo anterior unido al principio de la dignidad humana complementa el principio de la autodeterminación y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias opciones y convicciones. El Estado no tiene facultades para inmiscuirse o criticar o atacar las formas de expresión de la vida y el cuerpo, por el contrario esas libertades personales deben ser protegidas.

EL CONCEPTO DE FAMILIA

La Convención Americana de Derechos Humanos no protege una forma cerrada de familia, o alguna en forma específica, como tampoco se refiere al sexo, o género de quienes la constituyen, es decir, el concepto de familia se entiende en forma amplia. La Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es aún más amplia, pues se refiere a “sistemas de familia” propios de los pueblos indígenas.

Mantener una interpretación excluyente del concepto de familia es contrario a la Convención Americana cuando debe existir protección a todas las personas sin distinciones, por ello las familias conformadas por parejas del mismo sexo son legítimas. Todos los países deben reconocerlas y protegerlas. Considerar un trato diferente entre unas y otras no es legalmente aceptable.

EL MATRIMONIO DE PAREJAS DEL MISMO SEXO

Todos los Estados deben garantizar el acceso a todas las figuras ya existentes en los ordenamientos jurídicos internos, -como la union de hecho y también el matrimonio-, siendo expresiones de derechos familiares las cuales deben incluir a las parejas del mismo sexo y sin discriminación con las familias y parejas heterosexuales sin ser necesario crear figuras jurídicas diferentes.

Negar el matrimonio argumentando la procreación seria negar el derecho a la familia como una realidad. La procreación no es un elemento fundamental. Cuando se argumenta esta situación existe una degradación.

Los Estados tienen en deber de garantizar a las parejas del mismo sexo, sin ningún tipo de discriminación, los mismos derechos y los mismos deberes que tienen las parejas heterosexuales entre ellos impuestos, herencia, la propiedad, privilegio del cónyuge en el derecho procesal probatorio, autorizaciones en temas de salud, certificados de nacimiento y defunción, normas de ética profesional, asuntos financieros beneficios de compensación laboral, seguro de salud y custodia de los hijos.

A la fecha el matrimonio igualitario ha sido aprobado en Argentina (2010), Uruguay y Brasil (2013), Colombia (2016), y una parte de México (2009 en adelante).

Los Estados deben vencer las dificultades institucionales para extender a las parejas homosexuales el derecho al matrimonio, reconociendo que muchas veces la oposición se basa en criterios religiosos.

IDENTIDAD DE GÉNERO

La identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la propia realidad de su cuerpo, y sus diversas expresiones de genero la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.

Siendo la identidad de género un elemento esencial de la persona, los Estados deben llevar a cabo todo lo necesario para que el reconocimiento de la identidad de género auto-percibida sea la misma realidad en los documentos legales, sin trámites demorados y que la información se actualice por parte del mismo Estado en todas las instituciones para evitar la tramitomanía y cargas adicionales a la persona.

Cuando las personas deseen cambiar sus datos conforme a su identidad de género auto-percibida, deben tener disponibilidad de un trámite sencillo de tipo administrativo e integral en el cual solo sea necesario el propio consentimiento de la persona, garantizar confidencialidad, gratuidad y los cambios en ningún momento deben dejar notas alusivas entre los documentos anteriores y los nuevos.

Con relación a niñas y niños la Corte aclaró que así como las personas mayores tienen derecho a los cambios, los menores de edad también son titulares de los mismos derechos.

El concepto reza: Los Estados “deben garantizar el pleno goce de los derechos humanos de las personas transgénero, incluyendo la protección contra la violencia, tortura, malos tratos, derecho a la salud, a la educación, empleo, vivienda, acceso a la seguridad social, así como el derecho a la libertad de expresión, y de asociación”

POR QUE EL DOCUMENTO ES IMPORTANTE

  1. Proviene de una autoridad con efectos internacionales, como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
  2. Los países que han parte del sistema interamericano tienen el deber de acatarlo e implementar sus indicaciones y criterios.
  3. Sirve para argumentaciones académicas, legales y litigios.
  4. Se puede presentar ante entidades del Estado en todos los niveles, ya sea local, regional o nacional.
  5. El 18 de enero de 2018, es decir, a solo nueve días de conocerse la Opinión de la Corte, la pareja formada por Sergio Montealegre y Dario Abarca se presentaron en la oficina del Registro Civil en la ciudad de San Jose (Costa Rica) a legalizar la unión llevada a cabo en Colombia en marzo del 2016. (De la cual fue el apoderado). En esta segunda oportunidad les recibieron los documentos quedando pendiente la decisión. Así mismo otras parejas pueden comenzar los trámites para legalizar sus relaciones ya sea que las hayan llevado a cabo en otros países o comenzar a demandar estos derechos dentro del propio.
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Resolución de la CIDH sobre identidad de género y su obligatoriedad para Costa Rica

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La bandera LGBTI ondeó junto a la de Costa Rica en casa presidencial del vecino país en el 2017, en ocasión del 17 de mayo, Día contra la discriminación por razones de identidad de genero y orientación sexual.

A dos semanas del anuncio de la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la consulta hecha por Costa Rica sobre Identidad De Género, y No Discriminación a Parejas del Mismo Sexo, reproducimos el escrito del costarricense Jaime Ordóñez, quien destaca las implicaciones de cumplimiento que tiene dicha resolución para ese país centroamericano.

En un análisis hecho sobre la resolución de la CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), Ordoñez describe los argumentos constitucionales que permiten al vecino del sur avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, transexuales e Intersex (LGBTI) de forma integral.

LAS RESOLUCIONES DE LA CORTE INTERAMERICANA (Y SU OBLIGATORIEDAD)

Por Jaime Ordóñez

 La decisión de la Corte Interamericana de DDHH es un paso hacia la modernidad y al reconocimiento de derechos humanos de más de un 20% de la población mundial, discriminada todavía en muchos países. Nos saca del Medioevo ideológico y nos lleva al siglo XXI.

Ante las opiniones y desatinos legales que varias personas escriben en redes sociales (y por haber trabajado 25 años justamente en DDHH en A Latina y otros lugares del mundo) me permito hacer una breve reflexión jurídica y una reflexión ética: –

REFLEXIÓN JURÍDICA

1.- Las resoluciones de la Corte Interamericana de DDHH (sentencias u opiniones consultivas) son obligatorias para todos los Estados miembros, pues son normas de Derecho Internacional Público en derechos humanos. Costa Rica es país miembro desde 1981.

– 2.- Lo reconoce la propia Constitución Política de Costa Rica en su art 7: los Tratados Internacionales (como la Convención Americana de DDHH) , sus órganos y decisiones, tienen valor superior a la ley, y forman parte inmediata del ordenamiento jurídico costarricense. Eso se llama “bloque de legalidad y bloque de constitucionalidad”. La resolución de la CIDH es– desde ayer martes 9 de enero, 2018– norma costarricense, con el mismo rango de un artículo constitucional, superior a cualquier ley.

– 3.- Por eso mismo, NO se trata de un “tribunal extranjero” como incorrectamente dicen algunos en redes sociales. Es un tribunal regional/ de carácter multilateral (del cual Costa Rica es Estado miembro pleno, además de país sede). Sus resoluciones se vuelven inmediatamente derecho costarricense. Así funcionan los derechos humanos en todos los países y regiones del mundo democrático

– 4.- Se aplica a matrimonios civiles y no a religiosos.

– 5.- Por el principio de “autoaplicabilidad” de los derechos humanos (ver Cancado Trindade, A.A. Self Execution of Human Rights”, y diversas resoluciones de la Corte Europea y de la Corte Interamericana) esta resolución NO necesita de ninguna ley para ponerse en práctica. No tiene que ir a la Asamblea Legislativa, pues está por encima de la ley. La Asamblea Legislativa tampoco puede emitir ley que la contradiga, por el artículo 7 constitucional.

– 6.- Los temas de DDHH no pueden ir a plebiscito, como alegan equivocadamente otros, justamente porque buscan, en muchos casos como éste, proteger derechos de minorías. Por ello, no pueden estar sometidos a la llamada “dictadura de la mayoría”, inaplicable en derechos humanos.

– 7.- Esta resolución de Corte Interamericana (CIDH) se puede aplicar de inmediato en Costa Rica. El gobierno de Costa Rica (y el Registro Civil por medio del TSE) deberán dictar de inmediato y respectivamente un Decreto y una ordenanza administrativa para inscribir los matrimonios civiles respectivos. Pero, incluso, si no se diese ese Decreto y esa Ordenanza con celeridad, un notario podría celebrar un matrimonio con la amplitud dispuesta, y el Registro Civil de Costa Rica estar obligado a inscribirlo, debido al imperio superior de la resolución de la CIDH. –

REFLEXIÓN ÉTICA.

Es lamentable ver la violencia verbal que ha generado esta Resolución en personas que, invocando la religión y otros valores éticos, atacan a otras por sus preferencias individuales. Su intolerancia va en contra de los propios postulados éticos que supuestamente invocan. La religión debería ser amor y respeto a los otros, y no su demonización o discriminación. En una sociedad democrática, cualquier persona tiene derecho a externar sus opiniones o vivir su vida de acuerdo a sus convicciones o preferencias, biológicas o morales, mientras ello no dañe a terceros. Es el principio de Voltaire y de Benito Juárez aplicable a estos tiempos y a estos temas. Es la esencia del respeto al otro, clave para tener una sociedad cada día más democrática y civilizada.

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Mina industrial de Santo Domingo lejos de cumplir sus compromisos de políticas sociales con la comunidad

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La minería a cielo abierto en el municipio de Santo Domingo, departamento de Chontales causa daños profundos al medios ambiente y afecta calidad de vida de la población.

 Por Maynor Amador Aguilar*

A propósito del rechazo que hay por cierta parte de la población del municipio de Santo Domingo respecto a futuras maniobras de explotación minera, es importante resaltar la importancia que pobladores dan a los riesgos de impacto ambiental.

Desde mi punto de vista y haciendo un pequeño análisis desde que la empresa minera se implantó en estas tierras considero que:

1) La empresa minera que yace en nuestro pueblo, no ha cumplido con los requisitos ambientales necesarios que una empresa de esta índole ha de llevar a cabo para explotar en lugares determinados.

2) No ha habido un compromiso solido con la población en general.
No han existido acuerdos solidos entre los agentes principales de la empresa y las autoridades municipales (al menos que busquen el bienestar de toda la población).

3) No se vislumbran políticas sociales encaminadas al desarrollo y seguridad sanitaria hacia la población por parte de la empresa minera.

4) Si bien es cierto que se han realizado algunas obras comunitarias, la población tiende a considerar que el precio por la explotación del mineral no es bien retribuido.

Obras de fracaso de la empresa
La empresa construyó un “comisariato” con objetivos de beneficiar a un sector de la población que fue afectada en sus lugares de trabajo. Esta política social fracasó, la obra ahora yace vacía y sin explicación alguna, más que saber que “la directiva responsable del comisariato fue la única beneficiada”.

La empresa construyó una “Ferretería” con la misma finalidad de beneficiar a un sector de la población afectada. Política social que también fracasó, la obra yace vacía y con su infraestructura destruyéndose cada vez más. Explicación; misma que la anterior.
La población y el ojo ocular de cualquiera que ronde este bello pero maltratado y abandonado pueblo, considera que en el municipio hace falta resolver las siguientes necesidades:

Un compromiso más armonioso con la naturaleza y la población, pues al entrar al pueblo, a la vista nos saluda un vasto y maltratado cerro que nos habla con su apariencia y que nos dice que han muerto muchos árboles.

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El agua para beber presenta cierta coloración por lo que se sospecha que está contaminada.

El agua es un factor indispensable en su procesamiento para la calidad, cuido y abastecimiento a la población. Esto lo ilustro con imagen del recipiente con agua que en casa ocupamos para ingerir y que supuestamente es potable y tratada.

El pueblo carece de un hospital con el equipamiento necesario para llevar a cabo asistencias emergentes. Para poder atender una emergencia es necesario viajar a la cabecera departamental que dista a dos horas aproximadamente. Un hospital o al menos un semi-hospital con equipos que pueda atender EMERGENCIAS, es de vital importancia en el pueblo. Éste atendería algunos caseríos que limitan con el pueblo y que también cuyas emergencias son atendidas en el hospital de la cabecera departamental: Juigalpa. Dos horas es un tiempo valioso cuando se trata de vidas humanas.

El sector educativo tiene y debe ser una prioridad para las autoridades municipales y las políticas sociales que la empresa minera agenda para y con el pueblo. La municipalidad carece en este sector de una biblioteca municipal, a ello se suma que la infraestructura de algunos centros de estudios está en mal estado.

De manera general existe la necesidad de una buena relación comunicacional entre la empresa minera y la población, y de una administración eficiente y eficaz en relación al conducto; Empresa-Población.

Las consultas comunitarias han de ser prioridad al momento de llevar a cabo un accionar en donde toda la población se vea involucrada. La campaña “Santo Domingo te quiero limpio y verde” que promovía la empresa cuando empezó el proceso de explotación, solo quedo en mis recuerdos.

*Poblador del municipio Santo Domingo, estudia Ciencia Política y Relaciones Internacionales y cuenta con un diplomado en Formación Política y Ciudadana.

 

 

 

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En sólo 24 horas anulan a Facilitadores Judiciales LGBTI

LGBTI

Para la posteridad: la foto del acto oficial de juramentación de Facilitadores Judiclaes LGBTI que fue revocado por la Corte Suprema de Justicia.

La anulación como Facilitadores Judiciales a un grupo LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersex) por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en tan sólo 24 horas después de haber concluido su capacitación, cayó como balde de agua fría en dicha comunidad que miraba una oportunidad de acceso a la justicia, negada en muchas circunstancias por razones de su identidad y orientación sexual.

En una escueta nota publicada en su sitio web con fecha del 14 de diciembre, la CSJ, “hace del conocimiento público que queda revocada la juramentación y se deja sin efecto legal alguno el trámite de acreditación como Facilitadores Judiciales de los 24 miembros de la comunidad de la Diversidad Sexual, realizada el día miércoles 13 del corriente mes”.

La respuesta de la comunidad LGBTI no se hizo esperar. En una carta abierta dirigida a la CSJ explica que esta situación es de gran preocupación porque atenta contra la credibilidad de este Poder del Estado. “…de ser firme, es un acto violatorio a nuestros derechos humanos como es el acceso a la justicia y al principio de igualdad establecido en el artículo 27, 50 y 52 de la Constitución Política de Nicaragua”, dice la misiva.

En la misma también se expresa el compromiso de los miembros de la comunidad con el proceso de formación, muchos de los cuales son de lugares lejanos y pusieron los gastos de su bolsa para asistir a esta actividad.

Según el coordinador de la Mesa Nacional LGBTI, Juan Carlos Martínez, se espera una explicación lógica y convincente de parte de la Corte Suprema de Justicia. “La comunidad LGBTI en la historia ha enfrentado exclusión social y legal, ahora que se daba una muestra de inclusión, un avance en el reconocimiento como sujetas y sujetos de derechos, de un día para otro se retrocedió”, manifestó.

Doble efecto negativo.
Datos de la Mesa Nacional LGBTI indican que hay un crecimiento en actos de violencia en contra de mujeres lesbianas y transgéneros. Solo en el año se han registrado más de 20 casos en los que las víctimas son atacadas con saña por razones de su identidad de género.

Para Martínez, el paso atrás dado por la CSJ tiene un efecto doblemente negativo para la comunidad LGBTI. “No solo volvimos al punto antes de la juramentación, sino que además, al ser de nuevo excluidos y excluidas, se nos estaría exponiendo ante la sociedad en una situación indignante y denigrante por un poder del Estado tan importante, que su función principal es garantizar el acceso a la justicia del Estado de Derecho en sí”, reafirmó.

Lea: Carta-publica-a-corte-suprema-justicia

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Comunidad LGBTI saluda fallo sobre tutela de menores de edad a favor de una lesbiana

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Foto tomada de pagina del Poder Judicial

La decisión de una Jueza de Managua que resolvió mantener la tutela en favor de la madre, cuya pareja es de su mismo sexo, no ha pasado desapercibido por organizaciones de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales e intersex (LGBTI) agrupadas en la Mesa Nacional LGBTI Nicaragua quienes saludaron la decisión a través de su página en Facebook.

“Desde la Mesa Nacional LGBTI Nicaragua, saludamos el fallo de la Jueza Tercero Local, Marlene Zamora Zepeda, quien resolvió mantener el cuido y la crianza de dos menores a favor de la Madre, cuya pareja es de su mismo sexo”, se lee en un post de la red social.

La nota manifiesta que con esta resolución el poder judicial en Nicaragua avanza “un pasito”, al resolver un caso de tutela obviando la orientación sexual de las personas en la querella y al apegarse a las leyes vigentes.

Según la Mesa Nacional LGBTI, por muchos años la tutela dependía más de los prejuicios y fundamentalismos religiosos que del propio Estado de Derecho que gozamos como ciudadanas y ciudadanos. Pues las y los judiciales debían garantizar “la moral y las buenas costumbres”.

No obstante, desde la instancia que agrupa a más de 15 agrupaciones y organizaciones LGBTI, se lamentan los comentarios de abogadas y abogados, que expresan su rechazo a la decisión de la judicial, que tildan el fallo de inconstitucional y que violenta el código de Familia vigente, el cual es considerado por la comunidad LGBTI de “totalmente excluyente”.

La Mesa Nacional también envió felicitaciones a la familia y se muestra optimismo por  comentarios positivos de profesionales en las redes sociales. …“es admirable leer que hay profesionales del derecho, que en algún momento les tocara impartir justicia, apoyado esta resolución basándose en la constitución y las leyes ordinarias del Estado Nicaragüense, que entre otras cosas mandata garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes”, dice la nota.

Nota relacionada: Jueza falla a favor de madre que tiene pareja de su mismo sexo

 

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Antesala atroz, previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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Foto: Azucena Acevedo.

El panorama sombrío de la violencia contra la mujer en Nicaragua llega a ribetes de epidemia social si se consideran los últimos acontecimientos que involucran el asesinato de una joven embarazada a manos de su pareja en el municipio de Siuna, el incremento de denuncias de acoso sexual en las calles y autobuses, y como corolario las denuncias de una joven asesinada y violada presuntamente por soldados de ejército de Nicaragua durante un operativo de la entidad castrense.

Lo anterior ocurrió a días del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que deja al desnudo una vez más la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad nicaragüense y la falta de políticas integrales para tratar el tema.

De acuerdo a fuentes periodísticas, en lo que va del año ya suman 48 femicidios, mientras se reportan otros 58 casos en grado de frustración.

Violencia institucional
En los últimos meses, las redes sociales dan cuenta de una serie de actuaciones de entidades públicas que comenten violencia institucional contra la mujer. Por citar un ejemplo, el caso de Halida Ríos Briton de Corn Island,  que con orden de libertad en mano fue retenida por la Policía Nacional en Bluefields por más de nueve días, pese a estar embarazada y con amenazas de aborto, según reportó la periodista Suyén Sánchez de esa localidad.

Pero lo que ha encendido las redes sociales, son las denuncias de violación y asesinato cometidos, supuestamente por efectivos del Ejército de Nicaragua el pasado domingo 12 de noviembre en el municipio de La Cruz de Río Grande en contra de una adolescente de 16 años. La víctima falleció, según informe oficial durante un operativo en la que perecieron otras cinco personas, incluyendo un niño de 12 años.

Aumento de violencia por razones de identidad de género
Por su parte, la Mesa Nacional LGBTI (de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales, e Intersex), indica que hay un crecimiento en actos de violencia en contra de mujeres lesbianas y transgéneros. Solo en el año se han registrado más de 20 casos en los que las víctimas son atacadas por razones de su identidad de genero.

Uno de los casos se dio el pasado 29 de septiembre, cuando Yokzi Herrera Mendoza, mujer lesbiana de 23 años, de la ciudad de Bluefields fue agredida y por la gravedad de sus heridas debió ser traslada al hospital de esa ciudad. El agresor identificado como Dennis Alemán incluso días después delo ocurrido llegó a casa de su víctima y dijo a la mamá que “está vez no sería la nariz sino la cabeza que le iba a cortar”.

El hecho indignó a la comunidad LGBTI que lamentó el papel apático del sistema judicial en atender el caso.

Urgen políticas integrales
Organizaciones de mujeres y de derechos humanos del país han coincidido en la necesidad de que el Estado de Nicaragua brinde atención a la problemática de la violencia con políticas públicas integrales, pues el fenómeno más allá de un asunto legal, está vinculado a una cultura basada en el ejercicio del poder y control de los hombres sobre las mujeres. No obstante, el fortalecimiento del marco legal vigente y una actitud oficiosa de las instituciones públicas encargadas daría los primeros pasos hacia una atención efectiva.

Entre las propuestas reiteradas de organizaciones sociales están: la aplicación de la Ley 779; “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres” con la eliminación del articulado que establece la mediación entre las partes para superar los conflictos, pues ésta no ha tenido frutos positivos a la fecha y se ha considerado la antesala al asesinato de las mujeres.

Otro elemento clave es la reincorporación de las Comisarias de la Mujer que después de más de una década ya habían desarrollado una metodología acertada para atender los casos de violencia contra las mujeres desde las instancias policiales. Dada la complejidad del fenómeno de la violencia se requiere de personal calificado. En la actualidad un oficial que recibe la denuncia de un robo con fuerza, también atiende las denuncias de violaciones, acoso, maltrato y violencia contra la mujer.

De igual forma hace falta políticas que regulen el lenguaje misógino y de burla de mujeres maltratadas y violadas y el “moralismo mal intencionado” en los medios de comunicación, o la re-victimización por la exposición inadecuada de las noticias sobre violencia.

También urge mayor compromiso de los medios de comunicación social tanto privados como público (en un contexto de Responsabilidad Social) para el desarrollo de campañas de prevención de la violencia en apego a los derechos humanos.

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