Antesala atroz, previo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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Foto: Azucena Acevedo.

El panorama sombrío de la violencia contra la mujer en Nicaragua llega a ribetes de epidemia social si se consideran los últimos acontecimientos que involucran el asesinato de una joven embarazada a manos de su pareja en el municipio de Siuna, el incremento de denuncias de acoso sexual en las calles y autobuses, y como corolario las denuncias de una joven asesinada y violada presuntamente por soldados de ejército de Nicaragua durante un operativo de la entidad castrense.

Lo anterior ocurrió a días del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y que deja al desnudo una vez más la vulnerabilidad de la mujer en la sociedad nicaragüense y la falta de políticas integrales para tratar el tema.

De acuerdo a fuentes periodísticas, en lo que va del año ya suman 48 femicidios, mientras se reportan otros 58 casos en grado de frustración.

Violencia institucional
En los últimos meses, las redes sociales dan cuenta de una serie de actuaciones de entidades públicas que comenten violencia institucional contra la mujer. Por citar un ejemplo, el caso de Halida Ríos Briton de Corn Island,  que con orden de libertad en mano fue retenida por la Policía Nacional en Bluefields por más de nueve días, pese a estar embarazada y con amenazas de aborto, según reportó la periodista Suyén Sánchez de esa localidad.

Pero lo que ha encendido las redes sociales, son las denuncias de violación y asesinato cometidos, supuestamente por efectivos del Ejército de Nicaragua el pasado domingo 12 de noviembre en el municipio de La Cruz de Río Grande en contra de una adolescente de 16 años. La víctima falleció, según informe oficial durante un operativo en la que perecieron otras cinco personas, incluyendo un niño de 12 años.

Aumento de violencia por razones de identidad de género
Por su parte, la Mesa Nacional LGBTI (de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales, e Intersex), indica que hay un crecimiento en actos de violencia en contra de mujeres lesbianas y transgéneros. Solo en el año se han registrado más de 20 casos en los que las víctimas son atacadas por razones de su identidad de genero.

Uno de los casos se dio el pasado 29 de septiembre, cuando Yokzi Herrera Mendoza, mujer lesbiana de 23 años, de la ciudad de Bluefields fue agredida y por la gravedad de sus heridas debió ser traslada al hospital de esa ciudad. El agresor identificado como Dennis Alemán incluso días después delo ocurrido llegó a casa de su víctima y dijo a la mamá que “está vez no sería la nariz sino la cabeza que le iba a cortar”.

El hecho indignó a la comunidad LGBTI que lamentó el papel apático del sistema judicial en atender el caso.

Urgen políticas integrales
Organizaciones de mujeres y de derechos humanos del país han coincidido en la necesidad de que el Estado de Nicaragua brinde atención a la problemática de la violencia con políticas públicas integrales, pues el fenómeno más allá de un asunto legal, está vinculado a una cultura basada en el ejercicio del poder y control de los hombres sobre las mujeres. No obstante, el fortalecimiento del marco legal vigente y una actitud oficiosa de las instituciones públicas encargadas daría los primeros pasos hacia una atención efectiva.

Entre las propuestas reiteradas de organizaciones sociales están: la aplicación de la Ley 779; “Ley integral contra la violencia hacia las mujeres” con la eliminación del articulado que establece la mediación entre las partes para superar los conflictos, pues ésta no ha tenido frutos positivos a la fecha y se ha considerado la antesala al asesinato de las mujeres.

Otro elemento clave es la reincorporación de las Comisarias de la Mujer que después de más de una década ya habían desarrollado una metodología acertada para atender los casos de violencia contra las mujeres desde las instancias policiales. Dada la complejidad del fenómeno de la violencia se requiere de personal calificado. En la actualidad un oficial que recibe la denuncia de un robo con fuerza, también atiende las denuncias de violaciones, acoso, maltrato y violencia contra la mujer.

De igual forma hace falta políticas que regulen el lenguaje misógino y de burla de mujeres maltratadas y violadas y el “moralismo mal intencionado” en los medios de comunicación, o la re-victimización por la exposición inadecuada de las noticias sobre violencia.

También urge mayor compromiso de los medios de comunicación social tanto privados como público (en un contexto de Responsabilidad Social) para el desarrollo de campañas de prevención de la violencia en apego a los derechos humanos.

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En silencio y con paso firme, mujeres marchan para demandar respeto a la vida

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Las cifras de la muerte aumentan día con día. En la realización de la marcha se conoció que la cifra ya ascendía a 39 asesinatos.

La escalada ascendente de asesinatos con violencia y saña que ha mantenido en vilo a Nicaragua en las últimas semanas, motivó a organizaciones de derechos humanos a marchar en silencio como forma de protesta y demandar a las autoridades correspondientes una acción oficiosa a fin de evitar más muertes.

Datos de la organización Católicas por el Derecho de Decidir indicaban que a julio de este año ya habían 29 mujeres asesinadas, pero lo cifra se disparó a 39 justo ayer 23 de agosto, previo a esta manifestación.

Entre los casos más emblemáticos del presente mes está el asesinato de Karla Estrada quien apareciera decapitada el 17 de agosto en un predio de la ciudad capital, tras haber estado desaparecida desde el pasado diez. El principal sospechoso, su ex-pareja, un ex-militar que ella mismas había denunciado en las redes sociales.

“Hay muchos obstáculos para que las mujeres tengan acceso a la ruta de la justicia; el caso de Karla es la mejor demostración, no han encontrado al agresor porque no quieren, obviamente si el ejército tuviera interés en limpiar su cara, de detener a un agresor de ese nivel, pero este no lo encontraron”, dijo Ana Pizarro de Si Mujer.

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La principal demanda de las mujeres es que se aplique de forma correcta la Ley integral contra la violencia y que las autoridades correspondientes atiendan los casos de forma oportuna y preventiva.

Por su parte, Evelin Flores, de Puntos de Encuentro expreso que “estamos haciendo algunas actividades para demándarle a las autoridades y castiguen a los femicidas y a los agresores de todo tipo de violencia, aunque para nosotras, más allá de las cifras que muchas veces se esconden porque no todo mundo denuncia, lo que más nos preocupa es la actuación del Estado al no presentar ningún mensaje”.

En la marcha del silencio y con paso todas las mujeres vistieron de rojo y portaron carteles con los nombres de las fallecidas y de sus agresores. La misma hizo un recorrido que inició en las afueras del Ministerio Público y finalizó frente al Complejo Policial Faustino Ruiz, conocido también como Plaza El Sol.

Fotos y entrevistas: Azucena Acevedo / https://azucenaraquel.wordpress.com/

 

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Indígenas de Nicaragua celebran su día en medio de la incertidumbre.

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Grupo danzante en ceremonia al Sagrado Corazón del Cielo y la Madre Tierra.

La invasión a sus territorios, poca o nula inserción en proyectos con enfoque de desarrollo y crecimiento económico y una legislación que se ha quedado corta ante las circunstancias son las realidades que enfrentan los pueblos indígenas de Nicaragua, que este 9 de agosto celebran su día internacional en medio de la incertidumbre.

Chorotegas, matagalpas, sutiabas y nahoas en el Pacifico, Centro y Norte, misquitos y mayagnas en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte (RACCN) y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS), dan fe de la multietnicidad de Nicaragua, que aún se mantiene entre los tres países más pobres de la región latinoamericana, según el Banco Mundial.

De acuerdo citas de El Nuevo Diario, “existen 388 mil indígenas en el Pacífico, Centro y Norte del país, de los cuales 221 mil son chorotegas, 49 sutiabas, 20 mil nahoas y 98 mil matagalpas. Sumado a las comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe, dan un total de 597 mil no mestizos que representan un poco más del 10 por ciento de la población nacional” concentrados en más de 22 pueblos en el país.

Invasión y muertes en territorios indígenas
Con todo y que Nicaragua se ha declarado de naturaleza multiétnica y reconoce a los pueblos originarios (indígenas) en su Constitución Polìtica, y que se ha promulgado la Ley No. 445, Ley del régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas (del caribe)…, los territorios de los pueblos indígenas de la Costa Caribe son invadidos y su población asediada por colonos o envuelta en situaciones de sublevación por la defensa de las mismas.

A inicios del 2017, según La Prensa, citando otras fuentes, el Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (Cejudhcan) registra más de 50 muertes ocurridas en los territorios indígenas vinculadas a los conflictos territoriales, sin que haya habido alguna investigación por parte de las autoridades.

Así mismo, medios nacionales dan cuenta de muertes de colonos, como se les llama a los invasores de tierras que por lo general son mestizos.

En el caso de los Pueblos Indígenas del Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua, el Movimiento Indígena de Nicaragua (MIN) han denunciado la cesión de tierras comunales del Pueblo Indígena Muymuy a retirados del ejército.

El líder indígena Ramón Torres del pueblo Muymuy, denunció ante medios de comunicación en el 2016, la existencia de “una mafia de empleados públicos” que “legalizan” las tierras y luego las venden y se reparten el dinero. Unas 1,500 manzanas de tierras ancestrales que los indígenas ocupan desde hace 500 años han sido sujeto de tráfico de propiedad. Y de acuerdo al MIN hay casi una decena de muertes (asesinatos) relacionadas a este conflicto.

No en vano, el Banco Mundial en base en los resultados del estudio Doing Business publicado recientemente, la falta de seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ha limitado en parte la posibilidad de que el sector agrícola atraiga inversión. En ello incluyen reclamaciones de pueblos indígenas sobre territorios ancestrales.

Indígenas fuera de proyectos de desarrollo
Los pueblos indígenas cuentan con un territorio vasto para la inversión en proyectos de desarrollo. Por citar un ejemplo, el territorio de Salinas de Nahualapa en Tola, colinda con una de las playas consideradas entre de las mejores del mundo para actividades de recreación. De hecho en el 2015 fue escenario de un evento de talla mundial del surf. Así mismo, la comunidad Urbaite – Las Pilas, tiene en su territorio el rio Istián y La Peña Inculta La Cabuya. En ambos casos, operadores turísticos ofrecen estos destinos, sin reconocer beneficios alguno a sus propietarios.

En el 2012, el afamado proyecto “Desarrollo del Turismo en el Sur Occidente de Nicaragua” implementado por la Fundación Centro Empresarial Pellas no incluyó a los pueblos indígenas como beneficiarios, pese a su potencial y la oportunidad de desarrollo que significa el turismo para este sector de la población.

Legislación rebasada
Pese a que en Nicaragua existe un marco legal sobre los derechos de los pueblos indígenas, este ha sido rebasado por los conflictos territoriales y la falta de armonía para el desarrollo de políticas que propicien el desarrollo sostenible de los pueblos.

Uno de los logros sustantivos de los últimos años es la aprobación de la Ley de medicina tradicional ancestral que reconoce el derecho a practicar y promover las expresiones de la medicina tradicional ancestral de los pueblos indígenas y afro-descendientes del país.

No obstante, Ley No 28, “Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua”, que fue reformada para ser aplicada a los tiempos actuales, se mantiene con la intensión de reconocer las estructuras de gobierno, pero carece de medidas especiales en el caso del tráfico de tierras y los delitos que esto conlleva.

Desde el 2010, Wolfgang Alejandro Bonilla, experto en derechos indígenas advertía en un informe preparado para la Agencia Alemana de Cooperación Técnica (GIZ) que las municipalidades del Triángulo Minero (Siuna, Bonanza y Rosita) tenían que dejar de impulsar las penetraciones de colonos ilegales en las áreas protegidas y los territorios (indígenas) y no continuar certificando comunidades mestizas ilegales dentro de territorios indígenas, propiedades estatales y áreas protegidas.

Aunque esta situación ha cambiado desde el plano institucional, la respuesta para enfrentar la invasión de tierras no es clara. Las invasiones no cesan.

En el caso del Pacifico, Centro y Norte la situación se torna aún más frágil, a pesar que existen leyes que datan desde el siglo pasado que indican la ilegalidad de vender propiedades indígenas, muchos funcionarios públicos al parecer desconocen de las mismas y participan de las transacciones según denunciantes indígenas.

Una propuesta sencilla
Para los pueblos organizados en espacios como el MIN, la respuesta es muy sencilla. En primer lugar, urge un diálogo entre las instancias públicas y los pueblos indígenas en el que se dimensionen los problemas y sus efectos en el desarrollo de los población indígena y del país; y se identifiquen las oportunidades para la nación si hay un pleno respeto a los derechos ancestrales.

Según Aminadad Rodríguez del MIN, se prepara un Informe sobre la seguridad jurídica de la propiedad indígena, que será un instrumento para promover y abrir esos espacios de interlocución con las instancias de Estado.

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RDS saluda a comunidad LGBTI en Alemania por aprobación de matrimonio igualitario

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A la izquierda, Klaus Jetz en encuentro con organizaciones LGBTI en Nicaragua y a la derecha en la clausura del Curso de Comunicación y Derechos Humanos LGBTI con estudiantes de comunicación social .

Tras la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo en Alemania, directivos de la Red de Desarrollo Sostenible (RDS) externaron sus felicitaciones a la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersex (LGBTI) en el país germano, y en espacial a los activistas de la Fundación Hirschfeld Eddy, que en años anteriores han mostrado su solidaridad con sus pares en Nicaragua.

Según José Ignacio López, con apoyo de dicha fundación se han impulsado cursos sobre Derechos Humanos LGBTI y Comunicación con estudiantes de la carrera de comunicación, procesos de Desarrollo Organizacional con grupos y organizaciones LGBTI emergentes y campañas de sensibilización, entre otras actividades.

De hecho el apoyo de Hirschfeld Eddy fue vital para la construcción de la Agenda Mínima – Derechos Humanos de las Personas de la Diversidad Sexual (en Nicaragua).

RDS también envía un saludo a Klaus Jetz, uno de los activistas de la Fundación Hirschfeld Eddy quien ha visitado en ocasiones anteriores el país pinolero y siempre ha mostrado su compromiso con los derechos de la comunidad LGBTI en Nicaragua desde una perspectiva inclusiva y de alianzas con otros sectores sociales. “En Klaus tenemos no solo a un activista comprometido, sino a un compañero que está a la par de los grupos LGBTI más vulnerables”, dijo el Coordinador de RDS , Juan Carlos Martínez.

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Conversatorio sobre aportes LGBTI a la cultura todo un éxito

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Foto: Tomada del 19 Digital

Nutrida asistencia, debate y reflexión fueron los elementos centrales del Conversatorio Aportes LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros, transexuales e Intersex) a la Cultura Nacional en Nicaragua, organizado por Red de Desarrollo Sostenible (RDS), la Universidad Centroamericana (UCA) y la Mesa Nacional LGBTI el lunes 26 de junio.

La actividad que es una ante sala a la Marcha del Orgullo LGBTI que se realizará este 28 de junio en Managua, contó con la participación y asistencia de exponentes de la cultura nacional LGBTI como Freyman Barahona (Performance), Carlos Luna (escritor) y Gaby Baca (canta autora).

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El conservatorio tuvo una nutrida asistencia.

José Ignacio López, Coordinador de la Oficina LGBTI de la Red de Desarrollo Sostenible, destacó que el evento suscitó un importante espacio para la reflexión y los aportes que hace la comunidad LGBTI a los distintos aspectos de la vida, no solo al escenario de la cultura, sino también de la economía y los derechos humanos.

“Este conversatorio se realiza para que la sociedad conozca cómo la comunidad LGBTI está aportando en la música, en el teatro, en el performance y en las tradiciones”, dijo López citado por un medio nacional.

Por su parte, Naty Gonzales de la Asociación de Movimientos de la Diversidad Sexual Costeña (AMODISEC) y Directora Ejecutiva de Diversidad Sexual del Gobierno Regional Autónomo del Caribe Norte, destacó los aspectos de la interculturalidad y su relación con la comunidad LGBTI sobre todo al considerar la existencia de etnias como las misquitas, mayagnas y creoles en las que se da la discriminación por razones de identidad de género y orientación sexual.  “Es importante conocer las perspectivas de cada región, y cada territorio”, según cita a un medio nacional.

El conversatorio también fue es escenario oportuno para abanderar temas como los derechos humanos de la comunidad LGBTI como el acceso al trabajo, la inseguridad, violencia y discriminación, entre otros derechos.

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EMPLEO DIGNO Y ACCESO AL TRABAJO: Una de las demandas de la comunidad LGBTI en Nicaragua.

1R0 DE MAYO 2017Agenda Mínima Derechos Humanos de las Personas de la Diversidad Sexual (en Nicaragua). Según este documento, los casos registrados de violaciones de derechos humanos relacionados a la identidad y expresión de género u orientación sexual de las personas “están ligados a despido de los centros de trabajo, negación a la atención en la salud, expulsión de centros de estudios de secundaria y universidad, negación a participar en cargos de dirección de organizaciones políticas, expulsión de los hogares donde viven por sus familias y por violencia física”.

Como se podrá observar, el despido de centros de trabajo una de las principales manifestaciones de la discriminación, pero este además tiene un impacto profundo en la calidad de vida de las personas que se reconocen públicamente como Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersex (LGBTI).

Aunque en Nicaragua se han dado avances relacionados a la libre expresión y reconocimiento público en medios de comunicación sobre los derechos humanos de las personas LGBTI, aún se carecen de estrategias integrales que aseguren la inclusividad en el ambiente laboral.

El EMPLEO DIGNO Y ACCESO AL TRABAJO es el número cinco entre los diez puntos de la Agenda Mínima.  Éste destaca que:  “Las personas de la Diversidad Sexual que exteriorizan marcadamente su identidad, como trans o gays femeninos, tienen menos oportunidad de obtener empleo que los gays masculinos, pero aún éstos, al conseguir un empleo no son objeto del mismo trato, se les invisibiliza, se evita tomarles en cuenta en actividades de socialización, muchas veces no reciben el mismo salario que otras personas. Ante la grave situación de desempleo, es necesario que se reconozca el derecho al trabajo en base a las capacidades de las personas y no por su orientación sexual o identidad de género, se tiene que garantizar la no discriminación en el empleo para que las personas de la Diversidad Sexual puedan triunfar como profesionales y ganar un salario digno”.

Agenda portada

Portada de la Agenda Mínima.

También se argumenta como fundamento del Derecho al trabajo y a salario digno, que se debe garantizar el acceso al trabajo digno sin discriminación, en relación con las capacidades de las personas. De igual forma, el salario debe ser adecuado a estas capacidades.

La Agenda Mínima destaca como bases para la acción para demandar cumplimiento de este derecho, las denuncias sobre las violaciones a las leyes laborales y el discriminatorio por razones de orientación sexual o identidad de género ante el Ministerio del Trabajo, Juzgados del Trabajo y organismos de Derechos Humanos.

LOS NÚMEROS DE LA DISCRIMINACIÓN

Trabajo

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En este 1ro de Mayo; Recicladores continuan demandando su derecho al trabajo en La Chureca

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Recicladores de base demandan ser parte de un proceso de desarrollo a partir del reciclaje de desechos sólidos del vertedero municipal de Managua conocido como La Chureca.

Recicladores de base que se manifestaron públicamente por los alrededores del Zumen el pasado 17 de abril, y que posteriormente se dirigieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH) continúan demandando el acceso al vertedero municipal de la Chureca para poder ejercer su derecho al trabajo.

El acceso a La Chureca fue negado a más de 300 trabajadores del reciclaje desde el pasado 10 de abril sin explicación alguna por parte de la comuna capitalina. Según el Coordinador Red de Emprendedores Nicaragüenses del Reciclaje (REDNICA), David Narváez, hay rumores de que el vertedero podría ser privatizado en favor de inversionistas extranjeros.

Un mes sin ingresos
Los recicladores de base demandantes no laboran para la planta procesadora de desechos sólidos que funciona actualmente cerca de La Chureca, y esta actividad es la que garantizaba el sustento para sus familias. “Ya se tiene un mes sin laborar y sin generar ingresos, por eso esperamos que este primero de mayo se puedan restituir los derechos al trabajo de las y los recicladores y que se reconozca esta labor como lo que es: una acción importante para el cuido del medio ambiente y la economía de las familias nicaragüense”, apunto Narváez.

REDNICA llama a la comuna a analizar las alternativas dada la posibilidad de la privatización del vertedero. “Si se da una privatización, los trabajadores del reciclaje deberían ser beneficiados con acciones debido a que por 30 años han sido quienes han laborado en este lugar en las peores condiciones para la subsistencia y manutención de sus familias.

Según Narváez, a través de REDNICA se han capacitado en emprendimiento, derechos humanos y en innovación para la trasformación de productos a partir del reciclaje. “Estamos organizados en cooperativas y derechos humanos y consideramos estar a la altura para liderar un emprendimiento del reciclaje y continuar aportando a la economía del país y el medio ambiente”, afirmó.

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Yamileth del Socorro Castañeda Vargas

300 familias y 140 madres solteras en desempleo
Para Jamileth del Socorro Castañeda Vargas, recicladora y madre de familia, la privatización del vertedero sería un duro golpe para las familias que sobreviven del reciclaje y han enviado una carta a la Alcaldía de Managua para exponer sus demandas. “Habemos 300 familias desempleadas y hay 140 madres solteras que no tienen ayuda de otras personas y que viven del vertedero; tengo 20 años de trabajar en la Chureca y desde ahí he tenido mi sustento y el de mis hijos”, dijo.

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